De la Mata reabre la causa de ‘los papeles de Bárcenas’ y cita a Correa

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado reabrir la causa en la que se investiga la existencia de una ‘caja B’ del Partido Popular y vuelve a citar como investigados entre los próximo 23 y 24 de marzo al ‘cabecilla’ de la Gürtel, Francisco Correa, al empresario Alfonso García-Pozuelo y al intermediario Plácido Vázquez.

En el auto que se ha dado a conocer este miércoles, el juez atiende las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE y solicita a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional rechaza por el momento la declaración de Jaume Matas, que también habían sido pedidas por las acusaciones, alegando que no consta que haya prestado declaración ante el fiscal u otro juez, en relación a la posible financiación del PP en las Islas Baleares con dinero negro.

La ‘caja B’ del PP

La instrucción de ‘los papeles de Bárcenas’ concluyó el pasado 23 de marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor Pablo Ruz, al considerar que está acreditado que el PP «se sirvió durante 18 años» -desde 1990 hasta al menos 2008- de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas.

En un auto de 190 folios, el juez concluyó que existen «indicios sólidos y fundados» para llevar a juicio a los ex tesoreros ‘populares’ Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida-, y al ex gerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

Ruz consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.

El juez apuntó que en el «plano indiciario» el PP sería «responsable» de un delito contra la Hacienda Pública por «no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008», pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, «no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los partidos políticos».