Más de 2.500 jueces piden amparo a la UE ante el asalto de Sánchez a la independencia judicial

La mitad de los jueces y magistrados españoles,  más de 2.500, se han levantado en armas ante el asalto a la Justicia perpetrado por el PSOE de Pedro Sánchez, y sus socios de Podemos. Un asalto que se materializó con el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, realizar nombramientos discrecionales. Así, más de 2.500 togas ,de las 5.400 que hay en España, han tenido que acudir a Europa para solicitar amparo. Una llamada de auxilio de la judicatura que evidencia la despótica forma de actuar de Sánchez y sus socios.

El escrito pidiendo ayuda ha sido enviado conjuntamente por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles. Llama la atención que la única asociación que no ha firmado es Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), una grupo de magistrados absolutamente vinculado al PSOE.

Pero pese a la negativa de los magistrados cercanos al PSOE, el resto de asociaciones han remitido un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario Europeo, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que según los jueces afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea que se adopten las medidas oportunas para frenar la injerencia del Ejecutivo. Entre las medidas que piden está el inicio de un procedimiento contra España amparado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Dicho artículo recoge la posibilidad de sancionar a un estado miembro «por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo».

Concretamente, en este caso, los jueces solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones, y lo que definen como una «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces, «y con ello su independencia e imparcialidad».

A juicio de las tres asociaciones, esta actuación por parte de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno pone en riesgo el Estado de Derecho. De hecho, en el escrito afirman que, lo aprobado por el Gobierno de España  «constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».

Reformas

Además, en su escrito, los magistrados españoles también reclaman a la Unión Europa que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Añaden que, «en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada», se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puesto que «la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE».

Constitucional

En su escrito a Europa, los jueces le explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.

«Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial», exponen los magistrados.

Segundo asalto

En su carta, también explican a la UE que actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que desde entonces los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo. «De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales, a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo hemos reclamado conforme a las recomendaciones europeas», agregan.

Y es, a su juicio, en este contexto, que el PSOE y Podemos quieren cambiar la forma de elección en el Congreso de los Diputados que reduciría las mayorías necesarias de tres quintos para elegir a los vocales.

Una reforma, que según explican «tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado». La reforma legal suprime otras facultades del CGPJ que las asociaciones consideran esenciales, como la legitimación para promover conflictos de competencias entre órganos constitucionales.

«En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la
independencia judicial», recuerdan los jueces a la Comisión Europea.

A juicio de estas asociaciones, «se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».