Marlaska refuerza el presupuesto de armas en la Policía en plena ola de protestas por el Covid

El nuevo presupuesto para el Cuerpo Nacional de Policía asciende a más de 3.650 millones de euros, 629 millones más. Aumenta especialmente la partida destinada a la compra de armamento convencional, es decir, armas cortas, largas y de control de masas (las escopetas detonadoras o con munición no letal).

Sobra decir que el Cuerpo Nacional de Policía lleva años necesitando una mayor inversión y por lo tanto una mayor dotación presupuestaria, por lo que no debería llamar la atención que el presupuesto del próximo año aumente con respecto al anterior. Sin embargo, el aumento no es ni mucho menos anecdótico: casi un 21% más.

Está claro que los vehículos, las instalaciones, los uniformes y los elementos de defensa y armas hace muchos años que estaban necesitados de mejoras y renovaciones pero, al entrar en detalles y al contextualizarlo con el protagonismo policial en las últimas protestas por la gestión de la pandemia del Covid-19, hay datos que es imposible no relacionar con que Interior prevé que habrá más actuaciones policiales a medio y corto plazo.

El presupuesto ha sido presentado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y se asegura que con estas espectaculares cifras “se pretende reconocer el trabajo de los agentes, reforzando las plantillas y dotándoles de más medios para modernizar su entorno de trabajo y velar por su formación, todo ello con el fin de que la Policía siga ofreciendo el mejor servicio a los ciudadanos”.

«Equipamiento policial»

Habrá mejoras en las infraestructuras, en los vehículos policiales, en el vestuario policial e incluso habrá dinero para un centro universitario, pero donde se va a disparar el gasto es en el concepto “equipamiento policial”, cuyo epígrafe crece un 65% más con respecto al año anterior.

El total dedicado a este concepto será de más de 7.000 millones de euros en una línea de crédito destinada a la compra de armamento convencional, es decir, armas cortas, armas largas, y armas de control de masas (las escopetas detonadoras o con munición no letal).

Inmovilizadores 

A ese armamento convencional hay que añadir la adquisición de bastones extensibles e inmovilizadores electrónicos, las conocidas pistolas Táser que se emplean para la inmovilización de personas. Entre este año y hasta el 2022 se pretende que los agentes tengan casi 20.000 bastones extensibles y 1.000 inmovilizadores electrónicos.

Fuera del capítulo “equipamiento policial” hay que fijarse además en el concepto “vestuario”, porque aquí también se disparan las cifras, especialmente para la adquisición de chalecos antibalas -una reclamación justamente atendida ya que, en la actualidad, no son pocos los agentes que tienen que costearse esta prenda- y escudos antidisturbios. Las cuentas reflejan que se multiplicará por 2,5 el número de escudos operativos.

Protestas

Atendiendo a estas cifras está claro que Interior prevé un próximo año movido en lo que a manifestaciones ciudadanas se refiere. Sólo así se entiende que el equipamiento específico para control de masas sea el que más crezca en este presupuesto.

Los superiores jerárquicos de la Policía también han querido atender una demanda tan reciente como urgente, la protección contra el Covid.

Según la Dirección General de la Policía se han adquirido y distribuido 7,9 millones de mascarillas de protección, 8 millones de guantes de nitrilo, y 532.000 elementos de desinfección, así como decenas de miles de unidades de otro vestuario de protección. Además, explican, se acaba de adjudicar un contrato para adquirir 11,8 millones de mascarillas, 236.000 unidades de productos de desinfección y 30.300 buzos protectores, así como 40.000 test rápidos.