Senado

Marlaska oculta al PP en el Senado los informes técnicos que avalarían la eficacia de la baliza

La senadora Bonilla advierte de que "son muchos los expertos que cuestionan" este dispositivo

Reclama al ministro que aclare si ha existido "trato de favor" desde el Gobierno a ciertas empresas

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Segundo Sanz

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado responder este martes a la senadora del PP María Jesús Bonilla sobre los informes técnicos del Gobierno que avalarían la eficacia de la baliza V16.

En sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Pleno de la Cámara Alta, Bonilla ha emplazado a Marlaska a que explicara «dónde están los informes que avalan la eficacia de esa baliza». Sin embargo, el ministro ha guardado silencio al respecto tanto en su primera contestación como en la dúplica.

La senadora del PP por Cuenca ha enfatizado, en este sentido, que «hay muchas dudas y ninguna certeza» sobre este dispositivo y que «son muchos los expertos, incluso de la Guardia Civil, que la cuestionan». «¿Dónde están los informes técnicos independientes que avalen esta medida? ¿Por qué no los publica?», ha exigido al ministro.

Junto a ello, Bonilla ha preguntado al ministro si esta polémica medida responde «a la seguridad vial o para recaudar», al tiempo que ha cifrado en «más de 1.500 millones de euros» el coste de las balizas para los ciudadanos, incluidos «más de 300 millones en concepto de IVA».

Además, ha reprochado al Ejecutivo que no comunicara la medida a la Comisión Europea «cuando tenían obligación», y ha concluido que el Gobierno ha obligado a los ciudadanos a adquirir un dispositivo «que no tenemos la tranquilidad de que sea legal» ni «contrastado que sea seguro», ha recalcado, según informó Ep.

Asimismo, Bonilla ha pedido al ministro del Interior que aclare si ha existido «trato de favor» desde el Gobierno a ciertas empresas relacionadas con el negocio de la baliza V16. Pero Marlaska tampoco ha contestado sobre esta cuestión.

Precisamente, OKDIARIO reveló que la empresa inventora de la baliza V16, Netun Solutions SL, ha recibido 2,2 millones de euros en subvenciones y avales del Gobierno desde 2022. También reveló este periódico que esta sociedad admite en su página web que el líder del PSOE de Pontevedra, David Regades, jugó un papel fundamental en el impulso de la compañía como delegado de la Zona Franca de Vigo.

De igual modo, OKDIARIO informó de que los dos laboratorios que usa la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio de Marlaska, para homologar la baliza están vinculados al Gobierno catalán del socialista Salvador Illa. La Generalitat de Cataluña tiene el 20% del homologador Idiada y es socia del segundo certificador, Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO), en otra empresa del sector denominada Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL (CEIS).

«Desigualdad»

Igualmente, Bonilla ha alertado de la «desigualdad» que supone para los conductores españoles, ya que los vehículos matriculados en otros países que circulen por España pueden seguir utilizando los triángulos de emergencia. «Solo el conductor español paga, solo el conductor español es sancionado», ha apuntado.

En este contexto, la senadora conquense ha señalado que «la Comisión Europea ha confirmado que España no siguió el procedimiento obligatorio de notificación antes de imponer la baliza conectada», afeando así a Marlaska que «impusiera una norma sin avisar a Bruselas, aparentemente sin respetar el mercado interior, sin claridad en justificación y cuestionado el procedimiento».

En su respuesta este martes en el Pleno del Senado, Marlaska ha esgrimido que la baliza V16 «ha sido estudiada durante los últimos ocho años» y ha subrayado que la Comisión Europea «no solo ha dado el visto bueno» a la regulación, sino que ha señalado que «España es un ejemplo en medidas de seguridad vial, estando la siniestralidad por debajo de la media europea», ha sostenido.

Tras escuchar la respuesta del ministro, Bonilla ha denunciado que Marlaska «no ha aportado ni identificado informes, no ha aclarado los procedimientos», y tampoco ha despejado ninguna de las dudas sobre lo ocurrido con las homologaciones.

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