Marlaska infiltra en el futuro Gobierno a 13 funcionarios a dedo en puestos de mando de Interior
A un mes de las elecciones, Interior nombra por el sistema de libre designación un subdirector general, un vocal asesor, 7 jefes de sección y 3 jefes de negociado
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado a dedo 13 puestos de funcionarios de promoción interna, todos ellos en jefaturas administrativas de varias escalas. Los nombramientos se han producido a sólo un mes de las elecciones, por el procedimiento de libre designación, en vez mediante un proceso selectivo con un baremo estrictamente técnico.
La libre designación permite un margen de elección discrecional, al gusto del que realiza el nombramiento. El nuevo Gobierno que salga de las urnas se encontrará así con esas jefaturas ocupadas, pero no podrá separarlos del puesto. Tendría que motivar las destituciones de forma objetiva, pese a que los nombramientos hayan sido a dedo. Con el fin de que el nuevo Gobierno tenga que lidiar con la presencia de estos funcionarios elegidos a dedo por libre designación.
En total, las plazas asignadas son siete jefaturas de Sección, tres jefaturas de Negociado, una jefatura de Área, un vocal asesor y dos subdirectores generales. Además de esos puestos, se han asignado tres plazas más de secretarias, dos para los subdirectores generales y otra adscrita a la Secretaría de Estado.
Según la resolución del 22 de junio de 2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los puestos de subdirector general han sido asignados a Jesús Sotero Fernández y a Jaime Ramos Schlingmann, ambos adscritos al área de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior. Jesús Sotero pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y Jaime Ramos es diplomático de carrera.
Los seis puestos de jefaturas de sección han sido asignados a María Mercedes Bullón Robles, María Teresa Martín Espinazo, Ana Carmen Guisado Murillas, Carmen Sánchez Sedeño, Julia Frías Lavera y Mariano Luque Barreche. Cinco de ellos ocuparán el puesto en Secretaría de Estado de Seguridad y en la Dirección General de Coordinación y estudios en Madrid. La otra jefatura de sección está adscrita al colegio de guardias jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro, Madrid.
Por su parte, la plaza de vocal asesor del Ministerio la ocupará Francisco Javier Arribas Dominguez, en la Secretaría de Estado de Seguridad, más en concreto en el gabinete del secretario de Estado. Para eso mismo departamento ha sido nombrada María José Garrido Antón como jefa de área.
Por último, han sido adjudicadas tres jefaturas de Negociado: Laura Carreiro Ruipérez y Amparo Castro Román, en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y Amparo López Mendoza en la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.
Libre designación
El uso de la libre designación, como ha hecho Marlaska en Interior, debería estar muy restringido. Así lo indica la ley, dado el margen de discrecionalidad que conllevan esos nombramientos. Así, el Reglamento general que ordena la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de la Administración General del Estado establece que los puestos de trabajo se proveerán «de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema normal de provisión, o de libre designación de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones».
Es decir, la asignación de puestos de trabajo a través de la libre designación debe ser algo excepcional. Pero se ha convertido en muy generalizado. Es una forma «sencilla y cómoda» para quienes reparten las plazas –además de que pueden hacerlo con algún tipo de interés político o de afinidad–. La libre designación se limita a fijar unas condiciones mínimas para poder optar a la plaza interna. Y, a partir de ahí, de entre todos los candidatos, quien resuelve el nombramiento lo decide libremente.
El problema es que la designación es libre, pero no la destitución de quien ha sido nombrado por ese método. Parece paradójico, pero los tribunales se han pronunciado en reiteradas ocasiones en ese sentido: para separar del puesto a un funcionario nombrado por libre designación es necesario tramitar un expediente en el que se motive objetivamente la razón del cese y que esa causa sea aceptable, no fruto de la libre voluntad del responsable político. Por eso, el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio (23J) tendrá que lidiar con estos 13 jefes colocados por Marlaska adscritos a Interior.
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