Marlaska retira a la Guardia Civil la seguridad de los aeropuertos: sólo se ocupará de las maletas
Los guardias civiles de Barajas ya han recibido la orden para ceder sus competencias en seguridad
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, comienza un plan de retirada de la Guardia Civil de puertos y aeropuertos. Las actuales competencias de seguridad ciudadana de la Benemérita pasarán a la Policía Nacional. La primera infraestructura en la que se va a implantar es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los mandos ya han sido avisados del traspaso. En el caso de Cataluña y País Vasco, el plan pasa por entregar las competencias de la Guardia Civil a los gobiernos de sendas comunidades autónomas. Es un paso más en el plan del Ministerio del Interior para desmantelar el Instituto Armado.
Fuentes internas de la Guardia Civil confirman a OKDIARIO que ya ha tenido lugar en la Dirección General una reunión para proceder a la cesión de competencias a otros operadores de seguridad en los puertos y aeropuertos españoles. La orden se hará mediante una instrucción de la Secretaría de Estado y Seguridad. En concreto, Interior ha acordado la ejecución total de la retirada de la Guardia Civil de aeropuertos y puertos de toda España, comenzando por Barajas, donde ya se ha informado de que, en menos de 15 días, los guardias civiles tendrán que dejar parte de las funciones que tenían encomendadas.
En concreto, se usurparán a la Benemérita las funciones de seguridad, se desmantelará la oficina de denuncias, los guardias civiles no estarán presentes en las zonas comerciales, ni tampoco prestarán servicio en pista. Tampoco se ocuparán de los pasajeros conflictivos ni de los accidentes, pese a que los pilotos reclaman su presencia a la torre de control en caso de emergencia. Fuentes consultadas aseguran que ya se han dado instrucciones para desalojar las oficinas que la Guardia Civil tiene en la segunda planta de la terminal.
De esta forma, la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid se limitaría al filtro de entrada y salida de pasajeros y a vigilar los equipajes. Esta última función adquiere especial transcendencia por la llegada de valijas diplomáticas procedentes de Venezuela destapadas tras el escándalo del Delcygate y que salpica a los actuales cabecillas de la trama Koldo.
Cataluña y País Vasco
La cesión de competencias se acentúa en comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco. La gestión integral de la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias y portuarias de estas regiones pasa a ser cedida a las comunidades autónomas.
En el caso de Cataluña, está previsto que ocupen las funciones de Guardia Civil los Mossos d’Esquadra. Es importante recalcar que estos agentes de la policía autonómica catalana llegan a doblar el sueldo base de un guardia civil. Por su parte, Interior también quiere retirar a la Guardia Civil de los aeropuertos y los puertos del País Vasco para otorgarle sus competencias a la Ertzaintza. Los agentes afean que este movimiento pueda suponer una estrategia política de cara a las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 21 de abril o los comicios catalanes que tendrán lugar el 12 de mayo de 2024.
Guardia Civil fuera de Navarra
La Comunidad Foral Navarra ya sufrió el traspaso de competencias orquestado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno se comprometió a llevar a cabo esta cesión de competencias en 2018 con Geroa Bai y terminó por cumplir su promesa en 2023, tras otra negociación con EH Bildu. En concreto, Interior ordenó la cesión de funciones en materia de tráfico de la Guardia Civil al Gobierno autonómico expulsando a 200 agentes la benemérita de esta comunidad.
La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) recurrió en los tribunales esta decisión y el Tribunal Supremo estimó el recurso anulando el Real Decreto del Ejecutivo de Sánchez. Los magistrados concluyeron que no es posible recurrir a un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ni tampoco amparada en su «derecho histórico».
Estos daños colaterales traen como consecuencia que el destino de miles de guardias civiles esté en el aire al ver sus funciones traspasadas. Por el momento, desde la Dirección General de la Guardia Civil no se han pronunciado oficialmente sobre cuál será el destino de estos agentes. Voces consultadas señalan que se les podría otorgar un destino preferente para que no tuvieran que trabajar fuera de la comunidad autónoma en la que se encuentran. Sin embargo, los planes de Interior pasan por mermar las funciones de la Guardia Civil para otorgárselas a otros cuerpos.
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