España

La lucha entre el CNI e Interior por el control de la información acaba con el comisario más laureado

El nuevo DAO cesa al comisario García Castaño tras la trampa urdida por el diario podemita Público

La lucha entre el Centro Nacional de Información (CNI) y el Ministerio del Interior por el control de la información se lleva por delante al comisario más laureado de la Policía española. El recién nombrado director adjunto operativo (DAO) ha destituido de su cargo a Enrique García Castaño, responsable de la UCAO, la unidad de élite de la Policía, encargada de las operaciones más sensibles e inconfesables, como escuchas, grabaciones o seguimientos.

Castaño, de 61 años, a quien sus compañeros lo conocen por el sobrenombre de Blas, estaba al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo desde 1994 y por sus manos pasaban todas las investigaciones sobre el terrorismo de ETA o yihadista. En sus 42 años como agente había sido premiado por su trabajo en más de 23 ocasiones, llegando a obtener cuatro Medallas al Mérito Policial con distintivo rojo, la máxima condecoración del Cuerpo Nacional de Policía.

El comisario principal que, tras una labor de muchos años había logrado entablar unas excelentes relaciones con los agregados policiales extranjeros acreditados en España, ha recibido más de cuarenta condecoraciones y menciones de mérito de países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán y Colombia, entre otros. Por el país cafetero ha sido condecorado en cinco ocasiones. El 17 de junio de 2014, el embajador galo, Jerôme Bonnafont, le impuso la medalla de honor de la Policía Nacional de Francia.

La decisión de la cúpula de Interior ha provocado sorpresa y estupor en el Cuerpo Nacional: que el comisario principal con más medallas y méritos en operaciones policiales pase a ocupar un cargo burocrático en una zona policial de Madrid. Los sindicatos policiales se quejan de que las guerras entre policías y espías han servido para dilapidar el trabajo de años de García Castaño en el acercamiento de relaciones con otros cuerpos policiales de países aliados. “Basta con contemplar la cantidad de metopas, diplomas y souvenirs de agentes de todo el mundo con los que decoraba su despacho para comprobar los vínculos profesionales que había establecido con todos ellos. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a desempeñar esa labor?”, se lamente una fuente sindical.

Así mismo, García Castaño ha sido premiado con las medallas al Mérito Naval y al Mérito Militar. Paradójicamente, esa última condecoración le fue impuesta hace cuatro años por el director del CNI, Félix Sanz Roldán. Según fuentes del Ministerio del Interior, el equipo del jefe de los espías ha sido el contendiente que más tensión ha aportado en esa lucha de intereses por el control de la información.

Compañeros de Castaño señalan que quienes se han enfrentado en los últimos años a los intereses del servicio secreto han ido cayendo en desgracia de manera paulatina: Carlos Salamanca, ex comisario del Aeropuerto de Madrid; José Villarejo, ex jefe de la Unidad de Inteligencia de la Policía; Eugenio Pino, ex DAO; José Luis Olivera, candidato a sustituir al anterior al frente de la Dirección Adjunta Operativa y hasta el mismísimo titular del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Sobre el ministro se llegó a filtrar al diario Público una grabación de una conversación confidencial en su despacho oficial con el jefe Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Interior todavía no ha difundido los nombres de los funcionarios filtradores pero, tras una investigación interna, dispone de las pruebas que demuestran la trazabilidad de la cinta hasta su publicación. Quien permitió la filtración y la difusión de aquel encuentro conocía de antemano el daño que podía causar al Gobierno y a los intereses del Estado en Cataluña. La grabación de la reunión desvelaba una operación secreta contra los independentistas.

El último en caer ha sido el comisario principal Enrique García Castaño que, sorprendentemente, mantenía unas relaciones más estrechas con la CIA, el FBI o la DEA norteamericana que con el CNI. El mismo diario Público, que se ha especializado en grabaciones ilegales, registró de manera subrepticia una conversación con el policía en la que éste hablaba despectivamente de sus jefes y acusaba a Villarejo de poseer documentación de alto voltaje. El diario de Roures convirtió unos comentarios de taberna en una conspiración contra el CNI y la Casa Real, en la que implicaba torticeramente a policías y periodistas. La supuesta extorsión fue después amplificada por el diario El País.

La grabación ilegal de Público ha sido determinante para la destitución de Castaño, mientras los responsables de las filtraciones siguen sin ser reprendidos por la Dirección de la Policía. Es una patata caliente que tiene encima de la mesa el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.   

Algunos medios periodísticos han propagado la versión interesada de la existencia de una guerra entre clanes de policías, al tiempo que han repartido los carnés de buenos y malos. Sin embargo, en el fondo subyace una disputa de mayor calado por el poder entre la Policía y los espías del CNI, algo que sigue latente desde el inicio de la Transición. Ese mismo conflicto ha sido resuelto en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido: la Policía se encarga de la información de Interior y los servicios de información del espionaje en el extranjero. «Es impensable encontrar a un espía francés que investigue casos como los del Pequeño Nicolás, Gao Ping, la Gürtel o los Pujol», se queja a OKDIARIO un ex colaborador del ministro Fernández Díaz.

El comisario Castaño siempre ha sido presentado como un policía conflictivo pero, aún así, se ha mantenido en primera línea durante los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Incluso, fue promocionado mientras el actual presidente ocupaba la cartera de Interior, entre 2001 y 2002. Desde que comenzó a trabajar a las órdenes del comisario Alberto Elías en la Brigada de Interior a comienzo de los ochenta hasta su destitución ha abordado los casos de corrupción política y de terrorismo más mediáticos. Sus excelentes relaciones con los periodistas sirvieron para resolver más de un quebradero de cabeza a distintos ministros de Interior.

Especialista en GRAPO y ETA y en terrorismo internacional fue el comisario que detectó y siguió la pista para llegar a los autores de la masacre del 11-M. A partir de una tarjeta de teléfono encontrada en una de las mochilas sin estallar de los terroristas pudo acceder al locutorio en donde se vendieron los móviles que sirvieron de detonadores. Aquella investigación sirvió para localizar al comando en el piso de Leganés, donde su activistas se inmolaron.