La Ley de Género andaluza que combate VOX elude el control judicial: se activa sin denuncia

La Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía, la norma que VOX quiere derogar por su carácter «ideológico», incluye como una de sus principales novedades la consideración de «víctima de violencia de género» sin necesidad de que se haya interpuesto una denuncia previa. Es decir, amplía la definición y elude el control judicial.

En concreto, esta ley contempla en su «artículo 1 bis» que «se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica»: la mujer que (…) sufra un daño o perjuicio sobre su persona; las hijas e hijos que sufran «la violencia a la que está sometida su madre»; las menores de edad, las personas mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a su tutela (..) y que «convivan en el entorno violento»; y las «madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados».

Así mismo, el nuevo texto, que fue aprobado por el Parlamento andaluz el pasado septiembre con los votos de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, incorpora un «artículo 35 bis» según el cual «las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia».

De esta manera, con la ley que VOX reclama eliminar de su acuerdo de gobernabilidad a PP y Ciudadanos (sin los votos del partido de Francisco Serrano y Santiago Abascal no habrá investidura), no será necesario que exista la formulación de una denuncia para que la Junta de Andalucía dé cobertura a estas mujeres. Así, accederán gratuitamente a un turno de guardia de abogados las 24 horas del día especializados en violencia de género, y serán «atendidas sus circunstancias sociales» por parte de la Administración autonómica.

Junto a ello, el precepto 35 bis establece también que «la Administración andaluza dispondrá de un protocolo de acompañamiento a víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, que incluya la colaboración con las organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la violencia de género y el apoyo de otras mujeres supervivientes de la violencia de género».

«Millonarias subvenciones»

Precisamente, VOX ha denunciado que con este ley se pretenda seguir sufragando tales chiringuitos asociativos con «millonarias subvenciones» del erario público. El líder de VOX en Andalucía, el juez Francisco Serrano, ha recalcado que lo que pide su formación es que «no haya prejuicios, se respete presunción de inocencia, la independencia judicial y que se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda».

Desde estos colectivos esgrimen que si bien las denuncias han aumentado de forma considerable en el último decenio, seis de cada diez asesinadas no interpusieron denuncia contra su agresor por «falta de confianza» o «inseguridad ante el sistema de protección».