La ‘Ley Celaá’ adoctrinará a los escolares en «justicia fiscal» desde Primaria

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 11/11/2020 06:40
  • Actualizado: 11/11/2020 06:40

La Ley Orgánica de modificación de la LOE, conocida como ‘Ley Celaá’, impondrá la «educación emocional» y en «justicia fiscal» durante la etapa de Primaria. Así se recoge en el informe de la ponencia de la reforma educativa, al que ha tenido acceso OKDIARIO, cuyo punto más polémico es la eliminación del español como lengua vehicular.

El texto de la ponencia es el resultado de la incorporación de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y constituye el articulado que será votado este viernes en la Comisión de Educación.

El documento propone una reordenación de las áreas de Educación Primaria, incorporando en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y éticos -la nueva ‘Educación para la ciudadanía’ que pretende el PSOE- en la cual, se dice, «se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los animales».

«Educación emocional»

Junto a la «justicia fiscal», en esta etapa se promoverá también «la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible» y «la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual». Asimismo, «se pondrá especial atención a la educación emocional y en valores», entre los que «se incluye la igualdad entre hombres y mujeres como pilar de la democracia».

La «educación emocional» se mantendrá también en Secundaria, donde se insiste igualmente, y entre otros, en la «educación afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales».

En otro de los puntos, la ‘ley Celaá’ incide en la promoción de la Agenda 2030. Un ámbito que, en el Gobierno, lidera el vicepresidente Pablo Iglesias. Así, se obligará al profesorado a demostrar sus conocimientos en «la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial», lo que «se tendrá en cuenta en los procesos de formación y en el acceso a la función docente». La intención es que «en 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030».

Polémica enmienda

Sin duda la parte más polémica del dictamen es la relativa a la consideración del español, que dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza tras la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC, con el apoyo de Bildu y Más País y la abstención del PNV.

La enmienda suprime de la ley educativa la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado». El texto queda finalmente así: «Las Administraciones educativas garantizarán el el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas co-oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

De este modo, la enmienda pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. PP, Cs y Vox ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Se recoge que «se impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

Además, «aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas co-oficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora».

La ley actual destaca que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas co-oficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».