Los letrados del Congreso dicen que los decretos de Sánchez se pueden modificar antes de constituir las Cortes
Un informe de los letrados del Congreso ha certificado que la Diputación Permanente de la Cámara puede convalidar los decretos leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también ha abierto la puerta a modificarlos en plena campaña electoral, algo de lo que hasta ahora no había precedentes.
Según los servicios jurídicos, la Diputación Permanente no sólo está capacitada para convalidar los decretos leyes sino que también podrá tramitarlos como proyectos de ley, permitiendo que puedan ser modificados en el Congreso o en el Senado antes del 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas Cortes.
Esa tramitación la puede pedir cualquier grupo y debe ser aprobada por mayoría en la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece en funcionamiento y que asumiría todos los trámites posteriores en lectura única.
El dictamen, que había sido solicitado por la Mesa que preside Ana Pastor ante la disolución de las Cortes, se ha examinado este martes y ya hay un grupo parlamentario, el de Ciudadanos, que ha anunciado que pedirá que todos los decretos leyes del Gobierno sean tramitados como proyectos de ley.
En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando ha explicado este martes que su formación está estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros tras el rechazo por parte de la Junta Electoral Central (JEC).
“Vamos a estudiar de qué forma acudimos al Tribunal Constitucional frente a un Gobierno que ha estado aprobando decretos a lo largo de este tiempo”, ha subrayado Hernando en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. La resolución que dio a conocer este lunes la Junta Electoral Central es, según se detallan, firme en la vía administrativa, con lo que a PP y Ciudadanos ya sólo les cabe interponer un recurso por lo contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.
Frente a esta decisión de la Junta Electoral, en la que señalan que las ruedas de prensa no son susceptibles de incurrir en vulneración del artículo 50 de la Ley Electoral que prohíbe hacer propaganda institucional, desde el PP recalcan que buscarán la forma de suspender las ruedas de prensa del Gobierno al considerarlas “un abuso de la legislación”.
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