Lesmes retrasa su dimisión para no dejar al Rey sin representación del Poder Judicial el 12-O
Lesmes pedirá hoy al Rey que arbitre en la renovación del Consejo General del Poder Judicial
El CGPJ se subleva contra Lesmes: ningún vocal acepta a Marín como presidente
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha retrasado su dimisión para poder asistir a la Fiesta Nacional del 12 de octubre. De esta manera, el máximo representante del Poder Judicial estará presente en dicho acto para «no dar una imagen de debilidad de uno de los Poderes del Estado que se enfrente a su mayor crisis», explican fuentes judiciales a OKDIARIO.
Lesmes ha dado un giro de última hora a su plan de dimitir esta semana. Fuentes consultadas por este periódico explican que esta decisión la ha adoptado a lo largo de esta semana, tras visitar el pasado miércoles al Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. En dicho encuentro le hizo entrega a su Majestad de las Memorias Anuales que recogen el estado, funcionamiento y actividades desarrolladas, así como las de los juzgados y tribunales de España, además de las necesidades que, a su juicio, existen en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones atribuidas al Poder Judicial.
Tras recibir los informes, don Felipe y el presidente del Alto Tribunal mantuvieron un encuentro en el que repasaron la actualidad del órgano de gobierno de los jueces. Según pudo saber OKDIARIO por fuentes judiciales, Lesmes comunicó al Rey la situación que atraviesa el Consejo al llevar casi cuatro años en funciones debido a la incapacidad del PSOE y del PP para pactar la renovación de dicho órgano.
Lesmes pidió a Felipe VI que hiciera uso ante el Gobierno y el principal partido de la oposición de sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje «para el regular funcionamiento de las instituciones» y encontrar así una solución al colapso del Poder Judicial. Se amparó en la Constitución española para formular dicha petición al jefe del Estado. El Título Segundo de la Carta Magna recoge en el epígrafe primero del artículo 56 que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Esta conversación fue a puertas cerradas. El Rey, según explican fuentes conocedoras, le trasladó su comprensión.
Días después, Lesmes confesó a sus más allegados que tras el encuentro con el jefe del Estado no podía ausentarse el día de la Fiesta Nacional y ahondar en la crisis institucional. Por este motivo, explican, ha decidido retrasar su dimisión para después del 12 de octubre si no avanzan las negociaciones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Reunión
Así, Lesmes ha convocado un Pleno extraordinario para el 13 de octubre, que él mismo presidirá, para valorar las posibles candidaturas al Tribunal Constitucional, un escollo que lleva meses sin resolverse a raíz de una medida inconstitucional de Pedro Sánchez.
En el mes de junio, el órgano de garantías debía renovar un tercio de sus miembros: cuatro magistrados de los 12 que lo conforman. Estos son: el actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Dos de ellos tienen que ser nombrados a propuesta del Ejecutivo de Sánchez y los otros dos, por el CGPJ.
La renovación de dicho órgano se ha dilatado en el tiempo por las medidas inconstitucionales impulsadas desde el Gobierno. En un principio, Sánchez «castró» al órgano de gobierno de los jueces a través de una reforma, impulsada por el PSOE y Podemos, que le impedía realizar nombramientos estando en funciones. Después, el Gobierno se percató de que con esta medida impedía la renovación del Constitucional y frustraban sus planes de asaltarlo. Para resolver este escollo, el Ejecutivo -gracias a sus socios independentistas y proetarras- logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados una reforma exprés para desbloquear la renovación del órgano de garantías devolviendo al CGPJ, aunque esté en funciones, su capacidad únicamente de designar a sus dos candidatos y renovar así el Constitucional.
Esto ha provocado que un grupo de vocales, hartos de las reformas ilegales de Sánchez cuyo único interés es tomar el Poder Judicial, se unieran en bloque para impedir el asalto de los socialistas al Tribunal Constitucional. Por el momento, el Consejo no cuenta con los tres quintos necesarios para nombrar a los dos candidatos que le corresponden y la situación se mantiene bloqueada.
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