La abogada del Estado dice que «Hacienda somos todos» sólo es un eslogan publicitario

El eslogan «Hacienda somos todos» no es aplicable a la infanta. Es la tesis que ha defendido la representante de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll, durante la primera sesión del juicio del caso Urdangarin celebrada en Palma de Mallorca.

La acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias pide para la hija del rey Juan Carlos penas que suman 8 años de cárcel y una multa de dos millones de euros, como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por su marido.

La letrada López Negrete pide que no se aplique a la hija del Rey Juan Carlos la doctrina creada para «favorecer a un banquero»

Sin embargo, durante la sesión inicial del juicio, tanto el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach como la letrada del Estado ha pedido que la infanta Cristina sea eximida de todos los cargos en aplicación de la llamada doctrina Botín.

Es decir, argumentan que dado que la acusación particular ejercida por ambas partes no imputa ningún delito a la infanta, la acusación popular representada por el sindicato Manos Limpias no está legitimada para plantear cargos contra ella.

Para respaldar esta tesis, Dolores Ripoll ha sostenido que «Hacienda somos todos» es sólo un eslogan publicitario creado para meter miedo a los contribuyentes, pero no tiene ningún efecto jurídico.

«Un día importante para España»

Sólo la Administración del Estado, como parte perjudicada, está facultada para ejercer la acusación en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, ha recalcado la letrada Ripoll.

Por su parte, la abogada que ejerce la acusación popular, Virginia López Negrete, ha advertido que si se aplica la doctrina Botín a la infanta Cristina para librarla del banquillo se sentaría un grave precedente.

Se trata, ha añadido, de una «doctrina anacrónica que se dictó en su día única y exclusivamente para favorecer a un banquero, Botín, que en paz descanse». En su lugar, a su juicio debería aplicarse la llamada doctrina Atutxa, que permite ejercer la acusación popular en defensa de un interés común de todos los españoles que ha sido dañado, en este caso el presupuesto público.

«Hoy es un día muy importante para España», para el estado democrático y «sobre todo para la acción popular» que consagra la Constitución como «instrumento fundamental contra la corrupción para evitar que poderes y élites políticas de este país puedan no estar bajo la ley», había anunciado López Negrete a su llegada a la sala de vistas.