El juzgado de Estepona prorroga la investigación del dúplex de Ignacio González

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado prorrogar la declaración de complejidad de la causa en la que se investiga el dúplex de lujo que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión por el ‘caso Lezo’, y su mujer tenían arrendado en dicha localidad y que, posteriormente, compraron.

Así lo han asegurado fuentes judiciales. Esto supone tener 18 meses más para seguir la investigación y se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara, argumentando que en la actualidad se mantiene prácticamente la misma situación que cuando se declaró compleja la causa, en marzo del pasado año.

En este sentido, siguen pendientes llevar a cabo pruebas periciales y los resultados de comisiones rogatorias remitidas, por ejemplo, a Estados Unidos, entre otras. A esto, se añade que estaba pendiente la tasación del inmueble, así como oficios remitidos a entidades bancarias.

En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el dúplex a González y su mujer –ambos investigados–, quienes primero, en 2008, lo alquilaron; y posteriormente, en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señaló en un informe que se aprecian «suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos» del ático, que la sociedad Coast Investor adquirió en 2008 y luego alquiló al matrimonio.

En dicho informe se concluía que, aunque en ese momento de la investigación «no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto su ilicitud», sí se aprecian «suficientes irregularidades y falta de información» en toda la operación.

La defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid y de su mujer, Lourdes Cavero, se opuso a la prórroga de la investigación, al sostener que «ninguna de las innumerables diligencias practicadas hasta la fecha» en el caso habían arrojado «el menor indicio que revista trascendencia penal».

En un escrito remitido al juzgado se indicaba que a su parecer no se detectan indicios penales «tras cuatro años y medio de instrucción» y después de la práctica «de decenas de diligencias –muchas de ellas superfluas por completo e inútiles» para el objeto de la causa.

Tras ese tiempo, señalaba el letrado, la conclusión del informe de la UDEF «no puede resultar más esclarecedora: no se puede determinar que los fondos con los que se adquirió la propiedad en 2008 tengan un origen ilícito».

Para esta parte, si después de «innumerables diligencias practicadas» no se puede determinar el origen ilícito del dinero de esa compra por parte de la empresa Coast Investors en esa fecha «es sencillamente porque tienen un carácter lícito»; apuntando que en el caso de la segunda operación de compra, en 2012, por parte del matrimonio, «los fondos tienen un origen lícito conocido e incontrovertido», como es el finiquito de la mujer y un préstamo hipotecario.

Las últimas diligencias acordadas por la instructora que se conocen fueron pedir un certificado de vida laboral del matrimonio desde 2008 y reiterar la petición de información a entidades bancarias sobre cuentas corrientes que estarían vinculadas a los pagos de gastos relacionados con el ático, como las cuotas de la comunidad.

Asimismo, la jueza reiteró al gabinete de peritación adscrito al juzgado la petición de una valoración del inmueble en 2008 y en 2012; es decir, cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investors y cuando lo compró el matrimonio.