Justicia creará por decreto un censo de víctimas del franquismo

El proyecto busca, según el Gobierno, contribuir a la reparación moral de las víctimas, recuperar su memoria personal y familiar y facilitar el conocimiento de los hechos ocurridos durante la guerra y el franquismo «de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición».

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, estableció que las administraciones públicas debían facilitar a los descendientes directos de las víctimas la localización e identificación de los desaparecidos.

Se aprobó de hecho un protocolo para las exhumaciones y se creó un mapa de fosas, pero ha habido «un apoyo institucional insuficiente y la mayoría de las veces completamente ausente», según se denuncia en el informe que ha elaborado para la dirección general de Memoria Histórica un grupo de expertos coordinados por el médico forense Francisco Etxeberria.

De acuerdo con ese estudio, desde el año 2000, y con el impulso de las asociaciones de memoria histórica, se han llevado a cabo exhumaciones en 740 fosas comunes de todo el territorio nacional y se han recuperando más de 9.000 esqueletos.

Pero no se conoce con exactitud ni cuántas fosas quedan por abrir y cuántas personas siguen desaparecidas.

Con los datos que ha recopilado, este grupo de expertos en medicina y genética forense, arqueología, historia y derecho estima que con una intervención oficial del Estado podrían recuperarse de las fosas comunes entre 20.000 y 25.000 personas, y tal vez identificar a entre 5.000 y 7.000 víctimas.

En estos momentos hay censos y bases de datos de desaparecidos, públicas o privadas, en varias comunidades autónomas, pero en el informe se alerta de grandes disparidades entre territorios.

Es «esencial», se subraya, unificar en una base de datos las distintas fuentes disponibles sobre víctimas de la guerra y la represión franquista, con todas sus categorías: muertos en acción de guerra, desaparecidos en combate, desaparecidos de forma violenta, exilio, campo de concentración, etc.

En opinión de los expertos, es el modo de facilitar la localización de personas que murieron y fueron enterrados en fosas comunes a cientos de kilómetros de sus lugares de origen.

Ya alertó de ello el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU tras visitar España en 2013; en su informe puso de manifiesto la «confusión» que generaba la fragmentación y dispersión de la información disponible y consideró «crucial» una base de datos central para promover «transparencia, precisión y certeza» sobre las personas desaparecidas.

El estudio que tiene entre manos la Dirección General de Memoria Histórica hace recoge un listado de los organismos, asociaciones y centros documentales con censos propios y recuerda que en 2008 la Plataforma por las víctimas de las desapariciones forzadas durante el franquismo presentó ante el entonces juez Baltasar Garzón un listado con 143.353 casos de desaparecidos o asesinados documentados.

El Estado, añaden los expertos, «forzosamente debe tener un censo de presos de ‘larga duración’ del franquismo» a partir de las 104.907 solicitudes que recibió después de que en 1990 se acordara indemnizar a quienes estuvieron encarcelados al menos tres años como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley de Amnistía. El 58% de los peticionarios recibió algún tipo de ayuda.

Todas las comunidades, excepto Extremadura y Galicia, aprobaron después leyes propias para indemnizar a quienes no pudieron acogerse a las ayudas estatales porque habían sido privadas de libertad menos de tres años o por haber estado en campos de concentración o batallones de trabajadores, por lo que también deben tener censos de exprisioneros de guerra o de los primeros años del franquismo.