La Justicia anula que el euskera sea mérito para acceder a un empleo público en Navarra

Varapalo judicial a la euskaldunización de Navarra mediante decreto. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha tumbado la pretensión del Gobierno foral de exigir el euskera para cualquier puesto de trabajo público que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta (donde se habla español y euskera indistintamente), la zona no vascófona y los puestos de los servicios centrales de la Administración autonómica cuando el ingreso se haga por oposición.

La sentencia llega un día después de que la Mesa del Parlamento navarro, dominada por la mayoría que el PSOE mantiene con los nacionalistas de Geroa Bai, la izquierda de Podemos y los proetarras de Bildu, informara en contra de una iniciativa de Navarra Suma para derogar la obligatoriedad del euskera en la administración.

La sentencia, contra la que ya sólo es posible el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, da la razón a un recurso de UGT y del Sindicato del Personal Administrativo. Considera que «la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales conlleva una discriminación en la provisión de puestos en la Función Pública que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en la valoración del idioma en relación con los puestos de trabajo en los que este mérito pudiera no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística del ámbito territorial correspondiente».

El decreto anulado otorgaba siete puntos a los candidatos a un empleo público que dominaran el euskera, lo que de facto convertía el conocimiento y dominio del vascuence no en un mérito, sino en una obligación que discriminaba a los castellano-parlantes.

Así mismo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado los artículos que obligaban a la Administración foral a utilizar el euskera en las notificaciones y comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, en los impresos y escritos oficiales, en los rótulos de oficinas y despachos, en los uniformes y vehículos, en los avisos, folletos, anuncios y publicidad, así como en los elementos informativos de la señalización viaria de la red de carreteras.

La sentencia supone un torpedo en la línea de flotación del Gobierno navarro que preside la socialista María Chivite con el respaldo de los partidos que en la anterior legislatura impusieron la dictadura lingüística del euskera en la Comunidad Foral.

En la víspera de conocerse la sentencia del TSJN, la Mesa del Parlamento manifestó su disconformidad con la proposición de Navarra Suma (la coalición constitucionalistas que integran UPN, PP y C’s) para acabar con la obligatoriedad del euskera en la zona no vascófona, donde «sólo un 6,7% de la población navarra estaría en condiciones de dirigirse a la Administración en euskera», según explicó el diputado Carlos Pérez.

Las reacciones

La decisión del TSJN no ha sido bien recibida por Uxue Barkos (Geroa Bai), ex presidenta de Navarra que promovió el decreto del euskera y que ahora participa en el Gobierno de coalición que lidera Chivite: «Deja una situación anómala en Navarra, donde en un concurso oposición pueden puntuar como mérito el conocimiento del inglés, del francés o del alemán, que lo consideramos positivo, pero no puede puntuar como mérito el conocimiento del euskera».

Por el contrario, satisfacción absoluta en el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), con el fallo judicial: «Se estaba haciendo un auténtico abuso tanto en las oposiciones como en otras cuestiones como cartelería».