La Junta de Galicia se persona en la causa de O Marisquiño para reclamar 200.000€ de gasto sanitario

El vicepresidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado que el Gobierno gallego quiere personarse en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo sobre el accidente ocurrido en la celebración del festival de O Marisquiño, el pasado 12 de agosto, en el que resultaron heridas 467 personas para reclaamar los gastos sanitarios.

En su comparecencia a petición propia en el Parlamento de Galicia, Rueda ha explicado el dispositivo que se activó aquella noche, antes de abordar como tal de la celebración del festival de acuerdo con la Ley de espectáculos públicos de Galicia (que entró en vigor hace unos meses). Así, describió el despliegue sanitario del 061 e indicó que el coste alcanza los 200.000 euros, para los que la Xunta se personará en el juzgado con el fin de reclamar una indemnización por esta cuantía a quien corresponda.

El vicepresidente de la Xunta, que ha destacado la «actuación impecable» de los efectivos sanitarios (alcanzaron el millar en total), también ha indicado que ha concedido los refuerzos solicitados por el juzgado para investigar esta causa. Asimismo, ha avanzado que también responderá de forma positiva si se reclaman otros apoyos durante la instrucción de la causa.

El también máximo responsable de las Emergencias gallegas, que manifestó su solidaridad con las víctimas del accidente y sus familiares, recordó el despliegue que se activó tras la llamada de un particular a la Central de Emergencias 112 a «las 23:55 horas del 12 de agosto diciendo que se había caído una barandilla del club náutico y había gente en el agua».

En ese momento, se activaron las comunicaciones y «en menos de dos minutos» se avisó a la Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Policía Nacional, 061 y otros equipos de emergencias, de los cuales algunos de ellos ya estaban informados, añadió.

En este punto, Alfonso Rueda ha recriminado al Ayuntamiento de Vigo que «no activó el plan de emergencia municipal», algo que ligó, más tarde, con que tampoco se solicitaron medios de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). «En Vigo no se hace (esto)», ha reprochado, para después admitir que «ahora saben que en Vigo no se autorizan los espectáculos» que se van a celebrar, lo que motivó el rifirrafe político con los socialistas.

Sobre la cuestión sanitaria, informó del despliegue, que incluyó cinco UVIS móviles, 24 ambulancias de apoyo, dos equipos de los puntos de atención continuada y tres ambulancias de la Cruz Roja, entre otros. Se instaló un puesto de triaje en el punto y se atendieron a los heridos más graves (97 en el punto), mientras que otros fueron directamente a los centros sanitarios.

En total, la Xunta ha estipulado que la atención de las 467 personas que resultaron heridas ha supuesto para las arcas públicas 200.000 euros –entre el despliegue del momento y los días siguientes–, que ahora tratarán de recuperar con la aseguradora a través de su personación en la instrucción que lleva a cabo la jueza Marisol López. A las 2,59 de la madrugada del 13 se hizo el último traslado, aunque las ambulancias permanecieron hasta las 5.

Al margen de la cuestión sanitaria, la comparecencia de este martes en el pleno, que ha venido después de la aprobación (gracias a la abstención del PPdeG) de una comisión de investigación sobre este accidente, ha servido para anticipar el rifirrafe político que seguirá en las sesiones de este órgano parlamentario cuando finalmente se ponga en marcha.

De hecho, el diputado del PSdeG que actuó de portavoz, el vigués Abel Losada, acusó a «los señores del PP de hacer campaña electoral con el Marisquiño», ante las elecciones locales de mayo de 2019, y esgrimió los votos que obtuvo Abel Caballero para preguntarse si «hay 300.000 ciudadanos imbéciles» en la ciudad. «Y votan, volverán a votar, y lo veremos», ha advertido, antes de sentenciar: «Están haciendo campaña política de manera indigna con un lamentable accidente».

A Losada le respondió el diputado popular Alberto Pazos Couñago, quien tildó de «matón» a Caballero comparándolo con Trump por «amenazar» a los demás partidos si se investiga el Marisquiño, tal y como los socialistas vigueses plantean al proponer comisiones de investigación en el Ayuntamiento de Vigo sobre la gestión de Feijóo con respecto a la ciudad y la relación del presidente de la Xunta con Marcial Dorado.

El calificativo, que fue retirado por Miguel Santalices en la Presidencia de la Cámara, le acabó valiendo una llamada al orden al diputado popular, puesto que se negó a rectificar él mismo del diario de sesiones lo que había dicho.

Entre ambos parlamentarios y también con el vicepresidente de la Xunta hubo un intercambio de reproches sobre la documentación de la que dispone cada uno. Mientras Abel Losada defiende que se entregaron todos los documentos, incluido el del seguro –a la que, añadió, la Xunta puede reclamar la indemnización sanitaria–, los populares niegan que tengan todos los documentos, tampoco el seguro de responsabilidad civil.

Supervisión de la Junta

Durante el debate, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, puso el acento en que la Ley de Espectáculos de Galicia, sobre la cual Alfonso Rueda hizo recaer la responsabilidad de la autorización del festival al Ayuntamiento de Vigo, también incluye un artículo (el 24) en el que se dota a la Xunta de la capacidad de actuar ante los espectáculos. «La preguntan es ¿Hizo algo la Xunta de Galicia? Consta en algún expediente si hizo alguna actuación?», ha expuesto Villares.

«¡Quién iba a suponer… a saber lo que está diciendo!», le replicó Rueda, quien agregó que Vigo es la ciudad más grande de Galicia y la que tiene «más medios» para controlar este tipo de eventos y que, por lo tanto, se entendió que podía haber inspeccionado el lugar -como dice la ley- donde se celebró el festival.

Los informes del Ayuntamiento de Vigo y las explicaciones dadas por Losada aluden a que la administración local hizo inspecciones de la zona de la carrera ciclista y de los escenarios y puestos móviles, pero la Xunta alega que solo fueron «oculares» y que tenía que haber hecho otro tipo de inspección, incluido el espacio donde se celebró.

Rueda ha admitido que «viendo lo que pasó, sí había que haber sustituido lo que no hizo el Ayuntamiento de Vigo», en virtud de esa normativa autonómica. «¡Qué pena que no se nos hubiese iluminado alguna luz para saber que en Vigo no se autorizan los espectáculos, pero todo eso lo sabemos ahora!», ha manifestado el vicepresidente de la Xunta, quien en otro momento acusó a la administración local de «autorizar alegremente» los eventos.

«¡Qué pena no saberlo antes, ahora no estaríamos aquí y no habría 467 heridos», ha aseverado Rueda. Losada defendió, en contraposición, que «no se puede autorizar» lo que «no se pide».

En el debate, el diputado del BNG Luís Bará pidió mayor «coordinación» y «colaboración» entre las administraciones. Y ante las afirmaciones de Rueda y populares de que «los socios» del PSOE en la Diputación de Pontevedra ahora quieren investigar, el parlamentario nacionalista defendió que ese gobierno provincial «funciona muy bien», pero ello no le «ata las manos» para tomar sus «propias decisiones».