La jueza Alaya niega que vaya a ser candidata de C’s ni de cualquier partido político

Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha asegurado en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI que no va a ser candidata por Ciudadanos ni se plantea concurrir a las elecciones con ningún partido político. De hecho, y a preguntas de OKDIARIO, ha asegurado que no le gusta nada la ley del PSOE que permite que un juez pueda dejar el juzgado, entrar en política y volver a juzgar.

«Creo que debería limitarse esta posibilidad y, desde luego, estoy completamente en contra de que jueces que hayan estado en política puedan volver a tribunales ni penales ni de contencioso-administrativo», ha asegurado a este periódico antes de reconocer que está muy contenta en su actual destino en el tribunal provincial de Sevilla.

Alaya, que ha emprendido una cruzada por la independencia judicial, se ha mostrado muy crítica con el CGPJ, «un miniparlamento» en el que se ponen a los magistrados en función de su adscripción política y no de sus méritos profesionales.

También ha cargado contra la figura del Fiscal General del Estado por ser encarnado, según su opinión, no por una persona de gran trayectoria, sino obediente con el Gobierno. Y así, según Alaya, puede aplicar luego el principio jerárquico para que los fiscales obedezcan distorsionando el procedimiento judicial. «Si los temas tratados convienen al poder político se abordan y si no, se dejan pasar al margen de su tratamiento jurídico», ha afirmado.

La jueza también se ha quejado de que el Poder Judicial sea la cenicienta del Estado: «Nunca nuestras pretensiones son escuchadas y siempre hay cosas más importantes que hacer».

Sobre la Gürtel

Alaya ha afirmado que Susana Díaz no la llamaba, sino que le mandaba recados a través de los titulares de los periódicos que la han «perseguido hasta la ignominia». Ha explicado, además, que los ERE no han tenido tanta transcendencia nacional como la Gürtel porque Madrid siempre tiene una proyección superior.

Sin embargo, sí ha deslizado que se podría aplicar el concepto de a título lucrativo a los perceptores de las subvenciones estatales (por un importe de 850 millones de euros) pues se desarrolló un sistema clientelar que permitió que en Andalucía sólo haya gobernado el PSOE. Si no se puede aplicar este supuesto delictivo es básicamente, según Alaya, porque la propia Junta liberó a los receptores de estas ayudas de que las tuvieran que devolver.