El juez de Púnica prorroga un año más la investigación ante la complejidad de las pesquisas

El juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha decidido prorrogar un año más la investigación de la trama sobre la presunta financiación irregular del PP cuya instrucción finalizaba el 5 de diciembre de este año.

OKDIARIO ha podido saber que el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la trama Púnica, ha decidido aceptar la petición de las fiscales de Anticorrupción, Teresa Gálvez y Carmen García-Cerdá, de ampliar la instrucción por un periodo de al menos cinco años, a contar desde el inicio de las pesquisas, que arrancaron a mediados de 2014.

Las fuentes consultadas por este diario explican que el juez García-Castellón ha valorado que la complejidad de la trama requiere dedicar más tiempo a la investigación. Esta postura coincide con la adoptada por las fiscales de Anticorrupción en un escrito remitido al magistrado donde manifiestan que se han encontrado con una serie de problemas burocráticos y jurídicos.

Las fiscales Gálvez y García-Cerdá recuerdan que «están pendientes un gran número de declaraciones de testigos e investigados» que aparecen mencionados en los últimos informes de la Policía Judicial incorporados a la causa, que tiene un total de 16 piezas separadas.

Además, todavía no han llegado a manos del juez de la Audiencia Nacional una serie de informes periciales sobre las mordidas de dinero en negro a cambio de favores urbanísticos en Valdemoro, localidad madrileña en la que uno de los cabecillas de la trama corrupta, Franciscos Granados, fue alcalde.

Otro de los motivos que ha ralentizado el avance de la instrucción han sido las dificultades a las que se han enfrentado en la cooperación internacional que engloba a distintos estados de la UE y fuera de ella en el entramado de corrupción. Según el escrito de fiscalía, «todavía deben ser remitidas peticiones complementarias y nuevas comisiones rogatorias, en algunos casos a países fuera del entorno europea como ocurre con Singapur».

Se suma a todo ello la existencia de piezas donde la complejidad del entramado y la utilización de testaferros dificultan el esclarecimiento de los hechos y la participación en los mismo de los imputados. Por ejemplo, en la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, Arpegio, donde se realizaron pagos a sociedades y empresarios cercanos al PP, y de Alfedel, sociedad utilizada para amañar presuntamente la licitación de contratos de obra de colegios en la Comunidad, se utilizaron estas figuras fiduciarias.