El juez prohíbe a la familia Franco llevarse los bienes del Pazo de Meirás

El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid ha acordado la adopción de la medida cautelar solicitada por la Administración General del Estado y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y ha decretado que los bienes identificados en la demanda por la familia Franco, y que se encuentran ubicados en el interior del Pazo de Meirás, queden en depósito bajo la custodia del Estado hasta que se ponga fin al pleito.

La Abogacía considera que esta medida es «esencial» para «garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran».

El titular del juzgado tramitó el escrito de los Franco y dio traslado a la Abogacía para que emitiera su informe al respecto. Los servicios jurídicos del Estado mostraron su oposición a la petición de los abogados de la familia del dictador de que fuese otro juez quien estudiase la demanda que presentó para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás.

Petición de la Abogacía

Hace referencia a la demanda que la familia Franco presentó en la que la Abogacía del Estado reclama la propiedad de 564 bienes del Pazo de Meirás y pide como medida cautelar que no se permita quitarlos del inmueble hasta aclarar su propiedad.

La Abogacía del Estado la presentó después de que los Franco solicitasen antes al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por la Administración central en su momento.

Los elementos ahora objeto de la demanda del Estado son bienes muebles o documentos y legajos que pueden agruparse en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; bienes del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.

De modo que, como ya anunció la Xunta de Galicia, se suma a esta demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.

En el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su «interés legítimo» para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.