El juez pone una fianza de 88.119 € al guardia civil de la trama de Aldama por los móviles ultraseguros

El juez instructor del caso Koldo ha impuesto una fianza de 88.119 euros a Rubén Villalba, el guardia civil de la trama liderada por el empresario Víctor de Aldama, por el dinero que recibió presuntamente por asegurar las comunicaciones entre los miembros de la organización con teléfonos móviles ultraseguros imposibles de pinchar. El magistrado Ismael Moreno también le bloquea 14 cuentas bancarias suyas y de su pareja –también investigada en la causa–, tal como constata un auto consultado por OKDIARIO.

«Se acuerda requerir al investigado Rubén Villalba para que en el término de cinco días hábiles, afiance mediante dinero efectivo a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, bien mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o bien por cualquier otro medio que, a juicio de este Juzgado, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de 88.119 euros», firma el juez de la Audiencia Nacional.

Si transcurrido el plazo indicado no consta la fianza, se expedirán mandamientos a tres bancos para que se proceda «al bloqueo y embargo preventivo de los saldos y los intereses que se relacionan para cada una de ellas».

El magistrado toma esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía, que actuó a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según se detalla en el auto, el análisis preliminar de las cuentas de Villalba revela «ingresos en efectivo de origen desconocido» por un total de 145.049 euros. Entre 2021 y 2023, el comandante habría recibido abonos de Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama, que representan el 60,75% de dicha suma, equivalentes a 88.119 euros.

El juez expone que estos indicios policiales sugieren que Villalba podría formar parte de una red que buscaba obtener beneficios ilícitos mediante la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. En los archivos, se hallaron menciones a pagos en efectivo a una persona identificada como ‘R’ o ‘Rubén’, quien después fue identificado como Rubén Villalba. En algunos documentos, se constata que Villalba habría recibido pagos mensuales de 2.000 euros de Víctor de Aldama.

Para asegurar la cuantía señalada, Moreno dictamina que, de no realizarse el ingreso, se procederá a bloquear sus cuentas y cualquier operación financiera relacionada, incluyendo depósitos, valores, acciones y otros activos. Además, el juez indicó que se embargarían también los ingresos que entren en sus cuentas si no se deposita la cantidad exigida.

Esta causa investiga a una veintena de personas por posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública, en relación con contratos de emergencia gestionados por el Estado y el sector público durante la pandemia de COVID-19.

Peticiones de Anticorrupción

Por otra parte, en otro escrito reciente el fiscal Anticorrupción asignado al caso, Luis Pastor, ha solicitado precisamente «que se proceda a requerir a Rubén Villalba para que afiance la cantidad de 88.119 euros en el término de 15 días y, caso de no hacerlo, se proceda a la ejecución de los mandamientos a entidades bancarias solicitados en el informe policial».

Además, expone que ve necesaria «la declaración en calidad de investigados de Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano, Cesar Moreno García, Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo». Es decir, el grupo de los cuatro mosqueteros, cuatro empresarios que colaboraban con Aldama y de su secretaria. Así mismo, el fiscal pide «la declaración en calidad de testigos» de ocho policías que aparecen con su identidad protegida en los informes policiales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.