El juez pide al Supremo que investigue a Ábalos por su «papel principal» en el ‘caso Koldo’

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al que fuera secretario de organización del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por su «papel principal» en el caso Koldo.

El magistrado considera que existen «indicios fundados y serios» de su participación en la organización criminal que supuestamente se lucró con las mordidas en la venta de mascarillas a la administración pública durante los peores meses de la pandemia a través de un entramado creado por el empresario Víctor de Aldama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Dos ha considerado que los indicios que existen permiten atribuir a Ábalos una «imputación clara y concreta» en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La Audiencia Nacional no puede juzgar al ahora diputado del Grupo Mixto porque se encuentra aforado como representante en la cámara baja. Ismael Moreno considera que no puede seguir sus diligencias de investigación al afectar directamente a Ábalos. Por eso, argumenta en una exposición razonada que la investigación la debería continuar en la Sala Segunda del Supremo. Ahora será el Alto Tribunal el que decida si asume toda la investigación o sólo lo que se refiere al ex ministro de Fomento.

Sobre el tráfico de influencias, el segundo delito que le atribuye, el juez cree que está probada la participación de Ábalos en la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa de Soluciones de Gestión. También se señala que dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, habían sido utilizadas para que se contratase en ellas a una mujer con la que tenía una relación.

El tercer crimen por el que Ismael Moreno pide al Supremo investigar a Ábalos es el de cohecho. Según considera el magistrado, la trama cedió al ex ministro de Fomento una vivienda en localidad gaditana de La Alcaidesa. Este inmueble se considera un pago por haber mediado en la adjudicación de contratos.

El juez también ha considerado delictivo el alquiler del piso en el que vivió Jessica, la pareja de Ábalos, en el centro de Madrid. La presunta red criminal sufragó este inmueble entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. El gasto total ascendía hasta los 88.101,43 euros. Esa cantidad la abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.

«Una organización criminal»

El escrito del juez expone que hay indicios para pensar que «existe una organización criminal; de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos». Según la exposición razonada de Ismael Moreno, el comienzo de la investigación se centró en la relación privilegiada de Aldama con el Ministerio de Fomento gracias a Koldo García, ayudante del ministro.

De acuerdo con el juez, Aldama pagaba a Koldo 10.000 euros al mes para tener acceso a su influencia con el que en ese momento era ministro de Fomento para conseguir contratos a favor de sus empresas. Además de esos pagos periódicos al ayudante de Ábalos, también entraban dentro de las contraprestaciones de la trama la adquisición del chalet gaditano y otros pagos puntuales a través de personas y sociedades interpuestas de Aldama.

Tal y como ha reflejado en su exposición razonada, los pagos permitían a Aldama conseguir un beneficio, tanto para él como para otras personas. Gracias a ello obtenía un lucro económico que obtenía de la estructura societaria que había puesto en marcha junto a sus socios, también investigados. En principio, tal y como señala la exposición de motivos, hay 10 personas investigadas.

El magistrado insisten en que la existencia de la trama se perpetúa en el tiempo. Y es que «tras la salida de los dos referidos del Ministerio en julio de 2021, se siguen observando pagos recurrentes a Koldo por parte de Aldama hasta septiembre de 2022. De igual forma, añade, se ha llegado a acreditar mediante las intervenciones telefónicas cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban».