El juez pide el listado de altos cargos de Gallardón para citarles por la compra de Inassa

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre la identidad de más altos cargos del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón con el objetivo de citarles como testigos en el marco de la investigación por la compra supuestamente irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Según obra en la diligencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 quiere saber la «identidad completa y domicilio de las personas que el 29 de noviembre de 2001 ocupaban el cargo de secretarios de gobierno en las consejerías de Presidencia, Hacienda, Justicia y Administraciones Públicas, Economía, Obras Públicas, Educación, Medio Ambiente, Artes, Servicios Sociales, Sanidad y Trabajo».

El magistrado ha atendido así la petición que había cursado la Fiscalía Anticorrupción, de manera que pide que una vez la Comunidad de Madrid aporte la información, estas personas sean citadas a declarar en calidad de testigos.

Fue en noviembre de 2001 cuando el Gobierno entonces presidido por Gallardón dio el visto bueno a la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la mercantil colombiana. Por esta compra, que se investiga en la pieza 1 del conocido como ‘caso Lezo’, ya han comparecido en la Audiencia Nacional, como investigados, tanto los exconsejeros como el propio Gallardón, además de los exmiembros del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas.

El juez García Castellón decidió investigar al exministro de Justicia y su equipo en 2001 porque considera evidente que hubo un «cúmulo de irregularidades» durante el proceso de adquisición de Inassa. En su declaración, Gallardón defendió la «legalidad» de la compra y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas.

Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal de Isabel II a favor de la operación.

Tanto los exconsejeros como los exmiembros del Consejo de Administración del Canal alegaron ante el juez que dieron el visto bueno a la compra porque confiaron en los informes técnicos, que les presentó un proyecto muy ventajoso.