El juez ofrece a Almeida personarse como víctima en la estafa al Ayuntamiento con test y mascarillas

El juez Adolfo Carretero ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina, el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria Rafael Medina, y Alberto Luceño por estafar al Ayuntamiento de Madrid en una operación de compra-venta de material sanitario efectuada durante la pandemia. El magistrado ha ofrecido al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida personarse en la causa como perjudicado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios por la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Del mismo modo, el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos.

Estafa al Ayuntamiento

Durante las primeras semanas de la pandemia, en las que el Gobierno decretó el estado de alarma, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».

Luceño se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación». También, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. «En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», subraya la Fiscalía en su querella presentada ante el juzgado.

Los socios, con su falso currículum, engañaron al Consistorio y a todos los grupos municipales, que votaron a favor de adjudicarles tres contratos por valor de 10,8 millones de euros. En los convenios intervinieron, por una parte, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid como compradora y, por la otra, la compañía malaya EEE como vendedora para adquirir material sanitario.

En las operaciones, según señala la querella, Luis Medina y Alberto Luceño inflaron artificialmente el precio de las mascarillas en un 148% de su valor real para obtener de esta manera un beneficio neto 4.000.000 dólares.

En el caso de los guantes de nitrilo, que se vendieron a un 426% del precio real del producto, los estafadores aseguraron que se trataba de «guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo». Sin embargo, los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran guantes de «ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca».

En esta misma línea, los socios vendieron test rápidos defectuosos al Ayuntamiento de Madrid. De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7%, por lo que la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid contactó con los empresarios para devolver el material inservible o recuperar el dinero pagado por dicho lote.