El juez mantiene en prisión a Villarejo, quien facturó 5,5 millones de euros en informes a sus clientes

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha vuelto a rechazar la puesta el libertad del comisario jubilado José Manuel Villajero, investigado en la Audiencia Nacional por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos, al entender que «siguen concurriendo los presupuestos» legales para mantenerle en prisión preventiva, donde permanece desde el pasado 5 de noviembre. A su socio, el abogado Rafael Redondo, el juez le da un plazo de siete días para depositar una fianza de un millón de euros que le permita eludir la medida preventiva.

Por otra parte, el juez ha levantado el secreto sobre tres de las seis piezas de las que se compone la causa, la principal llamada ‘King’, la denominada ‘Pintor’, y ‘Land’, que investigaba a los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, sobre quienes se ha levantado la imputación.

En relación a Villarejo, el juez argumenta en su auto que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Añade que, de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia, vigilancia, y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá.

Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él «absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria», de modo que no ha disminuido el riesgo de fuga, máxime con los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.

Según la investigación, las sociedades instrumentales creadas por su mano derecha Redondo ayudaron a canalizar capitales «de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y en el extranjero, y habrían facturado 5,5 millones de euros».

Para el juez central de Instrucción número 6 el riesgo de fuga en Villarejo no se puede entender disminuido, por el mero hecho de haber transcurrido 9 meses desde su ingreso en prisión provisional. Hay que tener en cuenta la existencia de activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero, así como la existencia de líneas de investigación abiertas «que deben de seguir aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional del investigado». El juez habla asimismo de «incautaciones de material documental e informático en los registros practicados y la pendencia de Comisiones Rogatorias en el extranjero en distintos países».