El juez Llarena equipara el asedio a la Consejería de Economía con una toma de rehenes

El juez del Supremo Pablo Llarena afirma que el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre no fue «exclusivamente intimidatorio» sino que allí se limitó la capacidad de actuación «como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire».

Lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento de 25 personas, en el que sostiene que los acontecimientos ocurridos ese día «determinaron el efecto inherente a la violencia», aunque ésta no estuviera planeada desde un inicio, y explica que «la muchedumbre actuó como una masa de fuerza» durante «las largas horas que duró el asedio».

Los hechos ocurridos durante el asedio, al que, según el juez, acudieron 60.000 personas, reflejaron que «existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia».

El delito de rebelión, que atribuye a 13 de los 25 procesados, implica necesariamente el uso de la violencia.