El juez del caso Púnica responde a la Fiscalía y al PSOE: «Pretenden apartarme sin argumentos»

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha respondido con rotundidad al PSOE y a la asociación Adade –personados en la causa– que plantearon al magistrado su abstención en la pieza en la que se investiga el plan urbanístico de Valdemoro, así como a la Fiscalía que se puso de perfil. «Atendida la falta de fundamento legal de abstención no ha lugar a acceder a lo solicitado», responde el instructor en un auto dictado este lunes 3 de agosto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En un duro escrito, García-Castellón tumba la propuesta sin fundamentos solicitada por las acusaciones populares ejercidas por el partido socialista y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) que propusieron al juez apartarse de la pieza separada número 4 en la que se investiga al ex jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en el presunto amaño ocurrido en Valdemoro mientras Francisco Granados era alcalde del municipio madrileño.

Las acusaciones personadas alegaban en su escrito que el instructor tiene concedida por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de una docencia como tutor ‘on-line’ en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente a los grandes almacenes. Un extremo que el magistrado no esconde y que cualquiera puede acceder a dicha información con una sencilla búsqueda en Internet o en la página oficial del órgano de jueces.

Tras recibir dicha solicitud, el magistrado dio traslado al Ministerio Fiscal que evitó posicionarse y señaló que es el magistrado instructor «a quien corresponde valorar en este caso si concurre alguna de las causas de abstención».

Falta de argumentos

El juez se muestra asombrado por la posición tanto de PSOE y Adade como de la Fiscalía: ninguno de los tres se ha atrevido a presentar una recusación sino que le ofrecen a que decida por «motu proprio» abstenerse de la causa.

El magistrado señala en el auto que le «llama la atención» que las fiscales del caso Púnica no hayan hecho uso del mecanismo que la ley expresamente contempla para instar este supuesto incidente, si es que así lo considerasen, con la aplicación de la recusación prevista en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La razón, para García-Castellón, es sencilla: «La mera constatación de que las partes que piden la abstención no hayan valorado promover la recusación (como legalmente se prevé) y el hecho de que el Ministerio Fiscal tampoco lo solicite, ni siquiera identifique en el informe causa legal alguna, ya evidencia la escasa solvencia del argumento con el que se pretende apartar al instructor de la causa». Así de tajante ha respondido el magistrado.

Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que ni la Fundación Ramón Areces ni El Corte Inglés son objetos de investigación en la referida pieza separada, «por lo que no hay conflicto de interés alguno en la docencia cuya compatibilidad fue examinada y reconocida por el máximo órgano del Gobierno del Poder Judicial».

Rapapolvo a Adade

El juez le echa un rapapolvo a la asociación Adade a la que reprocha que «ni siquiera ha atendido a cumplimentar con lo que la norma exige, como mínimo, para poder interesar la recusación de un juez o magistrado: Expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en los que se funda, acompañada de un principio de prueba sobre los mismos».

En definitiva –añade– el escrito no se basa en ni un solo motivo que se identifique como una causa de abstención o recusación, sólo se limita a afirmar que «este magistrado tiene concedido por la comisión permanente la compatibilidad para su cargo judicial con el ejercicio de la docencia como tutor on-line».

Fuentes consultadas por este periódico explican que el motivo por el que las acusaciones quisieron que el juez se apartase de la causa es porque consideró que la investigación objeto de esta pieza ya había prescrito, dado que tuvo lugar antes de 2004, por tanto se opuso a investigarlo puesto que los delitos se cometieron hace más de 15 años y no tendrían consecuencias jurídicas. La postura del magistrado se entiende si se tiene en cuenta que esta macrocausa se ha dilatado durante más de seis años. La instrucción está a punto de llegar a su fin y debe finalizar el próximo 27 de agosto.