El juez del caso 3% se inhibe en la Audiencia porque los delitos afectan a la «economía nacional»

El Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell (Tarragona) ha aceptado inhibirse del caso 3% en favor de la Audiencia Nacional porque los delitos investigados afectan a «la economía nacional».

Dicho juzgado investigaba al exdiputado en el Parlamento catalán y exconseller de Justicia, Germà Gordó y a dos extesoreros de CDC, Andreu Viloca y Daniel Osácar, así como a varios empresarios como los hermanos Sumarroca, propietarios de Teyco, por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.

En un auto de 11 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez Josep Bosch Mitjavila asegura que «se coincide con el Ministerio Fiscal en relación con el hecho de que la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de esta causa, por tratarse de delitos que pueden ser considerados como fraudes, gravemente perniciosos para la economía nacional».

«Concurren», añade el auto, «suficientes elementos de complejidad como para entender que deba conocerla un Juzgado Central de Instrucción. Deberá, consecuentemente, ser remitido testimonio de estas actuaciones al Juzgado Central de Instrucción Decano para su reparto, continuando la tramitación de la causa por este Juzgado en los términos del artículo 25.3 de la LOPJ».

El pasado 23 de enero, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba al juez del Vendrell (Tarragona) que el ‘caso 3%’ sobre la presunta financiación irregular de CDC sea instruido en la Audiencia Nacional y requiere su inhibición.

“En estas diligencias se ha constatado la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta, relacionados con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder del partido político Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de la Fundación CatDem”, explicaba la Fiscalía.

Consideraba que el administrador y tesorero del partido llevaba un “control exhaustivo” de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los “pagos encubiertos” que las empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona.

«En la perfección de tales conductas”, explicaba el fiscal, y a los provisionales efectos que determina esta fase procesal, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político.

Los delitos de malversación y fraude contra la Administración Pública son, según la Fiscalía, competencia de la Audiencia Nacional “de conformidad con la interpretación que la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene haciendo de los conceptos de defraudaciones, grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y afectación a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.