El juez deja en libertad a dos presos de ETA acercados al País Vasco por Marlaska

El acercamiento se justificó en agosto de 2018 por arraigo familiar, en la que fue la primera decisión en política penitenciaria de Fernando Grande-Marlaska tras su llegada en junio al Ministerio del Interior.

El tercer grado de Olga Sanz fue aprobado cuando gobernaba el Partido Popular. Según ha adelantado ‘El Correo’, el juez autorizó hace un mes la libertad de ambos teniendo en cuenta que han renunciado a la violencia, han pedido perdón a las víctimas y han mostrado su voluntad de colaborar con la Justicia.

El juez justifica que ambos presos de ETA tienen «buena conducta y un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social», según informan a Europa Press fuentes jurídicas. A ambos les había sido concedido el tercer grado tras cumplir tres cuartas partes de sus penas y rechazar el uso de la violencia. La decisión ha sido respaldada por la Fiscalía y la Junta de Tratamiento.

Fuentes penitenciarias subrayan que el traslado de Sanz y Moreno no se puede contabilizar en el listado de 26 presos de ETA que han sido acercados a cárceles próximas al País Vasco en los ocho meses de gestión de Grande-Marlaska. En este tiempo, estos dos fueron los únicos autorizados para terminar su condena en un centro dentro del País Vasco.

Sanz y Moreno son pareja y padres de una niña pequeña. Aunque no tienen delitos de sangre, la Audiencia Nacional les condenó en 2002 a 71 y 74 años, respectivamente, por participar en un ‘talde’ que planeó, entre otros atentados, el intento de asesinato del exconsejero del Interior del Gobierno vasco Juan Mari Atutxa y del entonces presidente del PP en el País Vasco Carlos Iturgaiz.

El pasado 19 de febrero el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria concedió el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad a otro histórico preso de ETA, Kepa Pikabea Ugalde, uno de los beneficiados por la conocida ‘vía Nanclares’ de reinserción. La decisión se adoptó en contra de sendos acuerdos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior de enero y marzo de 2018, cuando aún gobernaba el PP.