El juez archiva la querella en la que Iglesias imputaba 6 delitos al líder de las protestas frente al casoplón

Nuevo varapalo para Pablo Iglesias ante la Justicia. Un juez acaba de dictar el sebresimiento provisonal y archivo de la querella que interpuso el vicepresidente del Gobierno contra Miguel Frontera por manifestarse frente a la puerta del casoplón en la urbanización La Navata de Galapagar.

El líder podemita se querelló contra este vecino por la comisión de seis supuestos delitos:  acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La condena oscila entre los dos años y nueve meses, en el grado más bajo de cada una de los ilícitos, y los 14 años de prisión como máximo.

La Guardia Civil detuvo a este vecino por grabar al líder de Podemos en el interior de su vivienda, coincidiendo con la hecatombe electoral del partido en Galicia y el País Vasco. No fue buen día para el vicepresidente del Gobierno y pagaron el plato los ciudadanos que cada día se reúnen frente a su chalet para protestar por la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus.

A las 21:00 horas del 12-J, Frontera se encontraba en las inmediaciones de la vivienda, concretamente por la parte trasera. Se desplazó hasta allí porque, según contó a este periódico, en los últimos días los agentes de la Benemérita «habían bajado la presión». Especialmente, después de retener a dos vecinas (Claudina y Asunción) y que la juez decidiera sobreseer el caso al considerar que la vía judicial no era la adecuada.

Subido a una roca, Miguel comenzó a grabar la parte trasera del ‘casoplón’ –que tantas veces ha salido en medios de comunicación– mientras detallaba el lugar en el que se encontraba. Sorprendentemente, el líder de Podemos salió al porche de su casa y se asomó a su inmenso jardín. Inmediatamente, dejó de grabar.

Este vecino fue detenido por un supuesto delito de revelación de secretos por grabar al vicepresidente en el chalet durante la noche electoral. Fue llevado al cuartel de la Guardia Civil de este municipio madrileño y no fue puesto en libertad hasta pasadas las 2:00 de la madrugada. Los agentes incautaron su teléfono. Un mes después, no se lo han devuelto.

Tras el incidente, Iglesias señaló públicamente a este ciudadano ante los medios de comunicación y le acusó de ser un «instigador». Anunció también que se había querellado contra él.

No me intimidan 

Frontera es un vecino de Brunete pero que acude todos los días al municipio galapagueño para sumarse a las protestas de los ciudadanos, en una entrevista concedida a OKDIARIO confesó que no tenía miedo porque sabía que no había hecho nada ilegal. Aseguró: «Si Iglesias cree que por ponerme una querella me está intimidando, lo lleva claro». «Consigue justo el efecto contrario», puntualizó.

Ahora envuelto en un manto de alegría celebra esta victoria y entre risas comenta el resultado: «España: 1 / bolivarianos: 0».

Otros fracasos 

Frontera no es el único vecino que ha sido denunciado por protestar ante el casoplón. Las vecinas Claudina y Asunción tuvieron que enfrentarse a un juicio rápido por caminar cerca del chalet de Iglesias-Montero. «Esto es propio de las dictadura», manifestó a OKDIARIO una de las imputadas. Finalmente, la juez decidió sobreseer la causa y todo quedó en un susto.

La ministra de Igualdad se querelló también por supuestos delitos de acoso y coacciones contra la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez, por asistir a las caceroladas. Otra juez archivó esta causa.

Denuncian a Iglesias 

Ahora los vecinos cansados de recibir denuncias por ejercer derechos fundamentales (como la libre circulación y la libertad de expresión) han decidido denunciar ellos al vicepresidente del Gobierno por un presunto delito cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales, coacciones y denuncia falsa con el agravante de cargo público.

El primero de ellos hace referencia al cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales recogido en el artículo 542 del Código Penal según el cual: «Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

Además, incluyen un delito de coacción, que aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal, y se define como un delito contra la libertad, consistente en el uso de la violencia para impedir a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe, o bien le obliga a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o no. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción y los medios empleados.

Finalmente, apuntan a un delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal, que señala que «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados». En este caso, con el agravante de que Iglesias es un cargo público.