El juez apunta a financiación ilegal del PSOE: «Personas jurídicas pudieron haberse lucrado» en la trama

El Tribunal Supremo ha decretado este lunes la prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al tiempo que la resolución judicial apunta por primera vez a la posible implicación de «personas jurídicas» en la trama de corrupción, lo que abre la puerta a investigar una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha situado al dirigente político como el «cajero» de una organización criminal que habría desviado más de 537 millones de euros en adjudicaciones públicas.

La decisión del alto tribunal se ha basado en un «homogéneo y consistente conjunto de indicios» que sitúan a Cerdán como la figura central de una trama que habría funcionado durante años con «eficacia ejecutiva». El juez ha destacado que el investigado era quien «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacía llegar después» a José Luis Ábalos y Koldo García.

Las conversaciones registradas por Koldo García en diversos dispositivos electrónicos han sido clave para la decisión judicial. El magistrado ha rechazado de forma contundente las alegaciones de la defensa sobre una posible manipulación de los audios: «No se advierte elemento alguno que, con mínima seriedad, permita concluir que las grabaciones pudieran haber sido manipuladas».

En una de estas conversaciones, el propio Santos Cerdán habría reconocido la naturaleza ilícita de sus actividades al reprochar a Koldo: «De esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe». Esta frase, recogida literalmente en el auto judicial, evidencia según el tribunal la «consciencia criminal» de los implicados.

El juez ha explicado que las grabaciones fueron encontradas en «sendos dispositivos electrónicos» durante el registro del domicilio de Koldo García, descartando que fueran producto de una intervención judicial o de «una artificiosa manipulación» mediante inteligencia artificial. Esta acusación ha provocado el lógico enfado de las autoridades judiciales, fiscales y policiales.

Financiación irregular

La resolución judicial ha puesto el foco en la empresa Servinabar, vinculada directamente con Santos Cerdán. Según consta en el auto, el dirigente socialista habría gestionado transferencias de 4.500 euros desde esta mercantil hacia la Fundación Fiadelso, creada por José Luis Ábalos.

«Santos remitía a Koldo una captura de pantalla de un correo electrónico en el que se evidenciaba la realización de la mencionada transferencia», detalla el documento judicial. Estos pagos habrían tenido «carácter periódico», según las pesquisas policiales.

El magistrado ha subrayado que Cerdán mantenía «una cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación» con Servinabar, empresa que resultó adjudicataria de obras públicas «actuando en UTE con Acciona Construcciones» pese a sus «mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción».

El botín oculto de la trama

Una de las revelaciones más inquietantes del auto judicial es la estimación del magistrado sobre el verdadero alcance económico de la corrupción. Aunque hasta ahora se conocen comisiones por un millón de euros, el juez considera que esta cifra «representa un porcentaje insólitamente mínimo» en comparación con operaciones similares.

«Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido un uno por ciento del valor de las adjudicaciones, dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros», calcula el magistrado en su resolución.

Esta discrepancia ha llevado al tribunal a considerar que «más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones». La referencia explícita a «personas jurídicas» abre un nuevo frente en la investigación que podría alcanzar al PSOE.

La trama habría funcionado mediante un «reparto de papeles» donde Ábalos ejercía su influencia ministerial, Koldo García gestionaba las adjudicaciones directamente con los responsables técnicos, y Santos Cerdán «introdujo primero a Koldo García» en el Ministerio de Transportes y posteriormente se encargó de «percibir los premios económicos». El juez considera insuficiente para evitar el riesgo de destrucción de pruebas dada su «posición funcional en el marco de la organización».