Los jueces del Supremo ante la amnistía: «Confiamos más en la Justicia de la UE que en el Constitucional»

Resignación total en el Tribunal Supremo ante la Ley de Amnistía que los magistrados tendrán que aplicar una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE): los jueces tendrán la obligación de levantar las medidas cautelares, como la orden de detención del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, si entra en territorio español.

«El objetivo era juzgar a estas personas, no que los jueces acaben en la cárcel», señalan fuentes consultadas. Desde el alto tribunal confían, no obstante, en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbe la ley pactada por Pedro Sánchez con el separatismo, más allá de los recursos y cuestiones que se puedan presentar ante el Tribunal Constitucional, donde impera una mayoría de 7 miembros a 4 que respalda sin fisuras a la izquierda en los últimos meses. s

Por ahora, la Ley de Amnistía continúa su tramitación parlamentaria en el Congreso, encontrándose en la actualidad en fase de enmiendas parciales. Una vez se apruebe el texto en las Cortes, los jueces tendrían que aplicarla inmediatamente, según el independentismo, en las causas que estén instruyendo sobre el proceso separatista catalán, y ello obligará al borrado de los delitos cometidos. También tendrían que ejecutar el texto en los casos donde ya existe condena.

Sin embargo, los magistrados del Supremo tienen dudas sobre la corrección de la ley y plantearán una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronuncie sobre si es contraria o no al derecho europeo. Las fuentes consultadas confirman que la Sala de lo Penal del Supremo tiene previsto llevar al TJUE la Ley de Amnistía. En ese caso, aunque la Ley esté en vigor y se deba aplicar, se paralizaría el archivo de los casos judiciales hasta que se resuelva la cuestión prejudicial, un trámite que puede durar años.

Fuentes jurídicas señalan que la vía de Europa es más efectiva que los futuros recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Corte de Garantías. Por el momento, el Tribunal Constitucional espera recibir el recurso del Partido Popular en cuanto el texto legislativo se publique en el BOE. Sin embargo, desde el alto tribunal se muestran escépticos ante la posibilidad de que el Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido tumbe la ley, más aún cuando esta misma semana han corregido dos sentencias del Supremo.

Además, recuerdan, la proposición de ley presentada en noviembre por el PSOE en el Congreso a cambio de la investidura de Sánchez recoge referencias directas al órgano que debe velar por el cumplimiento de la Carta Magna. «El Tribunal Constitucional no sólo ha dejado clara la constitucionalidad de las leyes de amnistía con carácter general, sino que, con ocasión de la amnistía aprobada en 1977, ha establecido los requisitos para que una ley de estas características pueda ser válida en nuestro ordenamiento jurídico», señalan los socialistas.

Las voces consultadas aseguran que la amnistía que se reconoció entonces se produjo en un contexto histórico que nada tiene que ver con la actual. «Es una patada en la boca», lamentan fuentes jurídicas, que afean que se desacredite el trabajo del Supremo en la sentencia del procés, tildada de lawfare por el separatismo a pesar de que fue validada por el Constitucional.

Blindar la amnistía

Los separatistas han presentado este martes enmiendas para blindar la Ley de Amnistía de la posible interpretación de los jueces. Junts pide modificar la ley para evitar que los tribunales puedan retrasar su aplicación con los recursos de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial ante el TJUE. La formación de Carles Puigdemont quiere garantizar que se levantarán las medidas cautelares impuestas incluso ante recursos a Pumpido o a Europa.

En todo caso, fuentes consultadas apuntan que esta enmienda no cambia nada. «No sabemos si es que no tienen muchos conocimientos jurídicos a la hora de aplicar una ley o si lo han hecho para presumir y mostrar músculo», explican estas mismas voces. Jurídicamente un tribunal puede suspender el procedimiento por consultar al TJUE y los jueces pueden acudir a los tribunales europeos. «No hay enmienda que valga», zanjan.

Antecedente con una prejudicial

No es la primera vez que desde el Supremo se tramita una cuestión prejudicial en una causa del independentismo. En septiembre de 2021, Puigdemont fue detenido en Italia por orden del Supremo. El instructor del procés, Pablo Llarena, envió un oficio al representante de España en Eurojust para que remitiera al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) la orden europea de detención y entrega librada contra Puigdemont, así como la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE.

La tramitación de esta cuestión prejudicial no modificó la situación en que se encontraba el procedimiento general y la defensa de Puigdemont solicitó medidas cautelares para frenar la entrega del presidente catalán a las autoridades españolas. Italia suspendió la extradición de Puigdemont hasta que la Justicia europea se pronunciase sobre la cuestión prejudicial elevada por Llarena.

Si bien el fugado Puigdemont lleva años refugiándose en Europa para no enfrentarse al Supremo, ahora podrían ser los tribunales de la Unión los que podrían tumbar la amnistía de Sánchez e ir contra los intereses del ex presidente catalán. Los jueces europeos tendrán que determinar si el texto de la amnistía es conforme al derecho de la UE que prevalece sobre la jurisdicción de los estados miembros.