Los jueces del Supremo vocales de la Junta Electoral se abstuvieron sobre los lazos amarillos

Los dos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzga a los golpistas catalanes y que son, a su vez, vocales de la Junta Electoral Central (JEC), Luciano Varela Castro y Ana María Ferrer, se abstuvieron en la reunión de ayer en la votación sobre el asunto de la retirada de los lazos amarillos de las instituciones públicas catalanas, con el que fue advertido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Además, los magistrados han comunicado que no intervendrán, desde ahora, en ninguna de las futuras reuniones en las que la JEC deba decidir sobre cuestiones que tengan relación directa o indirecta con el juicio al ‘procés’.

Se trata de mantener y preservar la total imparcialidad de los magistrados responsables de enjuiciar a los líderes separatistas catalanes sentados en el banquillo -y acusados de sendos delitos de rebelión y sedición agravada con malversación- en todo aquello que pudiese servir a sus defensas para alegar que se estuviese prejuzgando el fondo del asunto, la existencia de una animadversión ideológica del órgano judicial hacia los mismos o la interferencia de datos políticos ajenos al procedimiento que se celebra actualmente en el mismo.

El Tribunal Supremo está siendo sumamente cuidadoso en preservar interferencias ajenas a la celebración del juicio del 1-O

Tal y como lo confirmaba el Boletín Oficial del Estado, que el pasado 31 de octubre de 2017 nombró vocales de la Junta Electoral Central a una serie de magistrados del Tribunal Supremo, un total de 8, Varela y Ana María Ferrer son miembros del mismo. Ambos se incorporaban este lunes, en su condición, al encuentro previsto por el mismo, motivo por el cual se suspendía durante un total de 4 horas la vista matinal del juicio al ‘procés’.

En dicha reunión de la JEC se decidió, entre otras cosas, dar un plazo máximo de 48 horas al presidente del Govern, Quim Torra, para que ordenase la retirada de las «esteladas» y lazos amarillos que actualmente se exhiban en los edificios públicos dependientes de la Generalitat. Así consta en el acuerdo adoptado en respuesta a una reclamación presentada por Ciudadanos, en la que la formación naranja protestaba por la exhibición de «símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos».

De acuerdo con el argumento de la JEC, la ley prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones y recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas, pero no de los gobernantes.