Jueces del Supremo creen que Pumpido acerca la amnistía a Puigdemont al tumbar la malversación de los ERE

Gran enfado entre los jueces, magistrados y ex magistrados, incluyendo varios del Tribunal Supremo, con las sentencias del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido sobre el caso ERE en plena polémica con la amnistía. «Es previsible que el Tribunal Constitucional controlado por Cándido Conde-Pumpido ampare en un futuro a los independentistas. Parece que siempre hay siete magistrados que aciertan y cuatro que discrepan», expresa una fuente jurídica a OKDIARIO. El caso de los ERE marca un «peligroso» precedente en el que la Corte de Garantías entre en el terreno jurisdiccional y corrige al Supremo. «El Constitucional no debería entrar a valorar si se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia o el principio de legalidad penal como ha hecho», lamentan. A ojos de varios magistrados, el Constitucional se ha convertido en «una sala de casación bis», en «una supercasación» o en «el Tribunal Supremísimo», cuando no debería ser así.

Fuentes jurídicas de OKDIARIO remarcan que aún es pronto para augurar qué puede pasar en el Constitucional con la Ley de Amnistía. Sin embargo, apuntan, «los independentistas seguro que confían más en ese órgano de designación política que en los jueces propiamente dichos». Las voces pulsadas apuntan la importancia de ver cómo se dirimen las abstenciones. Pumpido se abstuvo en asuntos ligados al procés por una conferencia en 2017 o, por contra, el ex ministro Juan Carlos Campo podrían abstenerse porque ya dejó por escrito que la amnistía es «inconstitucional» al firmar los indultos.

El choque entre el Supremo y el Constitucional adquiere tras el asunto de los ERE nuevas cotas. Las correcciones a sentencias sobre Arnaldo Otegi o Alberto Rodríguez (Podemos) no gustó en el Alto Tribunal, y ahora ven cómo quincena a quincena los condenados del PSOE de Andalucía se ven beneficiados por magistrados del Constitucional nombrados por el PSOE y con claros vínculos con el socialismo andaluz. «Los robagallinas van rápidamente a la cárcel de cabeza, pero si tienes contactos políticos parece que la cosa cambia en el Constitucional», indica un magistrado de primera instancia. «Son aprendices de brujos que se van a quemar con estas maniobras», resume un veterano magistrado.

Estas fuentes abogan por un cambio de timón. «Los cuatro magistrados del Constitucional podrían evitar dar quórum a Conde-Pumpido, deberían jugar con astucia, al final legitiman esas sentencias»; «se podría reformar la Constitución para que los recursos de amparo los vea una sala especial del Supremo, no puede ser que el Constitucional tome partido en pleitos entre particulares», indican dos fuentes jurídicas consultadas. Recuerdan que el actual Gobierno juega con las leyes a su conveniencia. Pedro Sánchez no tuvo problemas en maniatar el Consejo General del Poder Judicial para bloquear los nombramientos en el Constitucional, pero cuando le interesó hizo una contrarreforma legal para poder nombrar a dos nuevos integrantes: «Juegan con las normas a su antojo, no tienen ningún reparo».

Por tanto, la intromisión en el terreno de los jueces por parte del Constitucional –que no es Poder Judicial– desata un cabreo monumental. Este martes han anulado una condena por malversación 24 horas después de que el Supremo haya dictado dos autos para no amnistiar directamente a dirigentes catalanes por malversación.

Si Conde-Pumpido no ha tenido problema en meter mano a las sentencias de los ERE, podría también intervenir a la postre en el caso del procés. Los políticos condenados esperaban la amnistía por la vía rápida, pero el Supremo dice que no se puede amnistiar la malversación sin necesidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y abre la puerta a plantear una consulta al Constitucional sobre si se pueden borrar condenas de desobediencia. Las revisiones de las condenas al PSOE andaluz en el Constitucional podrían ser la antesala a otra corrección al Supremo en los próximos meses.

Otro juez pulsado indica que con los ERE se cruza una línea roja. Es un asunto peliagudo en el que «el Constitucional legaliza el descontrol de las cuentas públicas, se institucionaliza la falta de fiscalización y se crean espacios de impunidad». Valoran negativamente que la mayoría de Constitucional se meta a corregir al Supremo agarrándose a que una persona que aprueba una ley o que la aplica no es responsable de los efectos.

Dos vías

Para que el procés llegue al Constitucional hay dos vías: el recurso de amparo que pueden presentar los afectados por vulneración de derechos fundamentales y la cuestión de inconstitucionalidad. La defensa de Carles Puigdemont, como ha hecho siempre, agotará todos los recursos judiciales posibles. El auto de Pablo Llarena marca que puede presentar recurso de reforma, para que resuelva el mismo juez, en el plazo de tres días, y subsidiario de apelación, es decir, si Llarena mantiene sus tesis, Puigdemont podría pedir un pronunciamiento de la Sala de Apelaciones del Supremo. Igualmente cabría interponer incidentes de nulidad como paso previo a acudir en amparo al Constitucional. Estos movimientos tardarán meses y el mes de agosto es inhábil. De hecho, ya hay bastantes jueces de diferentes instancias de vacaciones afectados por la Ley de Amnistía. Posteriormente, acabaría en el Constitucional, donde podrían decir bajo los nuevos criterios que no se ha aplicado bien la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas indican que Conde-Pumpido se ha caracterizado por salvar al Gobierno de Pedro Sánchez siempre que ha podido. Apenas ha impulsado resoluciones que vayan en contra de los intereses del Ejecutivo del PSOE y Sumar. «Lo previsible es que Pumpido trague con la Ley de Amnistía tal como está y pida que se borren los delitos de todos los independentistas», indican las citadas voces.

Pumpido contaba con no tener que pronunciarse sobre la Ley de Amnistía antes de que hiciera lo propio el TJUE. Sin embargo, este martes ha tenido que leer que Llarena da 10 días a las partes para que se posicionen sobre consultar a la Corte de Garantías si es constitucional amnistiar la desobediencia.

En todo caso, fuentes jurídicas indican que el Constitucional no iniciará la tramitación sobre la Ley antes de agosto y que podría tomar «unos meses» resolver una cuestión de inconstitucionalidad. Del mismo modo, los recursos de amparo no se pueden presentar sin agotar los recursos en el Supremo. Por tanto, tras el giro de Pablo Llarena, Puigdemont tendrá que seguir en Waterloo varios meses más.