Juan Chapapría, abogado de Sociedad Civil Catalana: «Europa tiene claro que la amnistía es autoamnistía»

«Europa nos mira con lupa y tiene claro que la amnistía es una autoamnistía». Lo afirma en una entrevista con OKDIARIO Juan Chapapría, del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC). Este martes, en Luxemburgo, es el primer asalto de la batalla judicial contra la amnistía en Europa. Juan Chapapría, en nombre de SCC, solicitó al Tribunal de Cuentas que elevara una cuestión prejudicial sobre la malversación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El martes es la vista oral con los informes finales de todas las partes previa a la sentencia.

El bufete de Chapapría estudió 34 GB de información. Calcularon que Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y compañía malversaron más de 5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas lo elevó, después, a 12 millones. Cuando estaba a punto de dictar sentencia, Sánchez aprobó, con urgencia, la amnistía para dejar en suspenso todos los procedimientos del procés. Chapapría tiene claro que los líderes del procés «buscan la impunidad total», también económica: «A algunos les preocupa más el dinero que la cárcel».

Juan Chapapría cuenta el papel «desagradable» del abogado del estado que representa a España ante el TJUE: «En su informe defenderá que la amnistía es aplicable a estos señores». Chapapría afirma que «la actuación del Tribunal Constitucional preocupa al TJUE» y se muestra prudente pero esperanzado sobre el final judicial de la amnistía en Europa. No todo está perdido.

Pregunta.- ¿Qué piden al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Respuesta.- Cuando entró en vigor la Ley de Amnistía pedimos al Tribunal de Cuentas que elevara una cuestión prejudicial al TJUE. Entendemos que la Ley de Amnistía entra en colisión con la legislación europea y no sería de aplicación. La vista del martes pretende que la justicia europea conozca que una ley en un estado miembro de la Unión va en contra de la legislación europea.

P.- ¿Cuánto dinero malversaron?

R.- Nosotros hicimos un ejercicio técnico-jurídico riguroso. Las partidas malversadas, sin ningún género de dudas, eran 5,3 millones de euros. Pero la instructora del Tribunal de Cuentas lo elevó en sus actas a 12 millones.

P.- Actúan contra los políticos: Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y otros

R.- Sí. Por estrategia procesal pusimos el foco en quienes es más fácil determinar la responsabilidad respecto a la malversación. No quisimos entrar en la esfera del funcionario que se ve obligado a las directrices políticas. Eran 11. Pero, después, la fiscalía amplió el número a cerca de 30.

Amnistía y el TC de Pumpido

P.- ¿De qué forma esta causa afectará a la propia Ley de Amnistía y al papel del Tribunal Constitucional de Pumpido respecto, por ejemplo, a los ERE?

R.- Están muy vinculadas. Planteamos la cuestión prejudicial ante el TJUE y no ante el Tribunal Constitucional por razones evidentes. La actuación del TC preocupa mucho al TJUE porque entre sus prerrogativas está conocer las cuestiones prejudiciales que los organismos jurisdiccionales de cada estado quieran elevar. Preocupa que [como ha ocurrido en los ERE y la amnistía] el Constitucional de un estado miembro interfiera y vete esa facultad del TJUE.

«La actuación del Tribunal Constitucional preocupa mucho al TJUE»

P.- En la situación de Sánchez, los plazos judiciales de la amnistía en Europa tienen influencia política en España. ¿Cuándo habrá sentencia?

R.- El dictamen del Consejero General, abogado general del TJUE, sería en septiembre y la sentencia podría estar en noviembre o diciembre.

P.- ¿Qué consecuencias tendrá una sentencia del TJUE contraria a la amnistía?

R.- Reactivará algunos procesos judiciales en suspenso, como el del propio Tribunal de Cuentas, que estaba a punto de dictar sentencia. Era inminente. Por eso, el martes, el TJUE va a tratar, también, la celeridad, en apenas dos meses, con la que se aprobó la Ley de Amnistía, incumpliendo el procedimiento, sin dar posibilidad de escuchar a las partes.

P.- ¿El TJUE va a tener en cuenta esas prisas?

R.- Sí. Y no sólo respecto al fondo, la malversación, sino, también, respecto al procedimiento usado y la celeridad, el vacío y la precariedad procesal en la que se ha dejado a las partes.

Impunidad total

P.- ¿Buscan la impunidad total?

R.- Sí. La Ley de Amnistía ha provocado la mayor crisis institucional y del Estado de Derecho en más de 40 años de democracia. Pone en cuestión nuestra norma marco, la Constitución. Esto preocupa mucho en la Unión Europea. El martes pondremos en valor, ante el TJUE, que tenemos suerte de ser europeos. Muchas veces pensamos que la amnistía termina en España, pero Europa nos mira con lupa y, con Europa, tenemos una serie de garantías. Yo creo que habrá una resolución que pondrá límites a la amnistía. En Europa saben que no está justificada. Todos sabemos lo que pasó. Hubo una crisis en una autonomía y el Estado de Derecho funcionó con una sentencia del Tribunal Supremo. Después, lo que ha habido es un encaje aritmético en el Congreso para que una persona pueda sentarse en la presidencia del Gobierno. En Europa lo tienen claro.

«Muchos creen que la amnistía termina judicialmente en España, pero no es así»

P.- Para la Comisión Europea es una «autoamnistía». ¿Influirá en el TJUE?

R.- Sí. Es muy importante. Entre todas las partes que intervenimos el martes está la fiscalía europea y la Comisión, que ya dijo que esto era, simple y llanamente, una autoamnistía. Los redactores de la ley son los mismos que se benefician de ella. No es una ley para beneficio de la sociedad. Es una ley con nombre y apellidos de quienes la redactaron y aprobaron.

P.- ¿Qué papel juega la Abogacía del Estado en este caso?

R.- El martes intervendremos todas las partes para defender nuestros informes basados en las preguntas que los 16 jueces de la Sala nos plantearon. Todos hemos emitido ya nuestros informes. La Abogacía del Estado afirma que la Ley de Amnistía es aplicable a estos señores y que el perjuicio económico y al Estado de Derecho ocasionado ha de olvidarse. El abogado del estado que representará el martes a España tendrá una labor desagradable.

P.- Si la sentencia es favorable, ¿devolverán el dinero malversado?

R.- Yo creo que España tiene sus fortalezas y podrá salir de esta crisis del Estado de Derecho. Pero le voy a contar algo para que vea cómo funciona esta gente. Me encontré hace dos años a Gonzalo Boye [abogado de Puigdemont] en uno de los procedimientos en la Audiencia Nacional donde él era la contraparte. En el ascensor me dijo textualmente: «Juan, sabes que vas a ganar el asunto del Tribunal de Cuentas». Él creía entonces que la amnistía no llegaría a tiempo de paralizar la sentencia del Tribunal de Cuentas. Yo le contesté: «No tengo la menor duda».  Y él me dijo: «Lo vais a ganar, pero ten la seguridad de que no vais a ver un duro».

P.- ¿Quería decir que los españoles no veremos un duro de vuelta?

R.- Sí. Este es el trasfondo de la crisis que hay. Este señor, mientras tenía procedimientos de sus defendidos en el Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, a la vez, negociaba fuera de España una ley para no aplicar la legislación española en los procedimientos donde él está.

P.- Y si tienen que pagar, ¿lo pagarán de su bolsillo? ¿A muchos les preocupaba más el dinero que la cárcel?

R.- Sin ninguna duda. Por eso hicieron pidieron y se admitió que algunos avales personales que habían presentado, incluso uno de ERC como partido por 3,1 millones, pudieran sustituirse por un aval genérico del Instituto de Crédito Catalán. Es la impunidad absoluta. Cualquiera de nosotros respondemos con nuestro patrimonio a una sanción o una sentencia. Aquí, las administraciones responden por ellos.

P.- ¿O sea que el ICO catalán está detrás y lo vamos a pagar todos nosotros?

R.- Pues es muy posible que así sea.