España
Julian Assange

Zapatero firma con el dictador Maduro y el corrupto Lula da Silva una carta a favor de Assange

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España, ha firmado una carta junto a un centenar de dirigentes políticos internacionales para pedir al Ejecutivo del Reino Unido la liberación inmediata de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Esta petición ha sido firmada también por el dictador venezolano Nicolás Maduro o el ex presidente de Bolivia Evo Morales.

‘Lawyers4assange’ es el nombre de esta iniciativa en la que los firmantes han expresado sus «serias preocupaciones sobre las violaciones de los derechos fundamentales» de Assange. Alberto Fernández, el peronista presidente de Argentina, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, José Mujica, ex presidente de Uruguay, y Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil condenado por corrupción, son otras figuras destacadas que respaldan esta petición.

Julian Assange se encuentra en la tercera semana del juicio en el que se decide su extradición o no a Estados Unidos, donde está acusado de 18 cargos por la filtración de miles de documentos secretos. Los juristas aseguran que esta extradición es «ilegal» por el riesgo a estar sometido a un «juicio injusto» por la «naturaleza política» de los presuntos delitos y por las dudas sobre el trato que recibirá.

«Solicitamos respetuosamente que el gobierno de Reino Unido proceda con la liberación inmediata del Sr. Assange y archive a los procedimientos de extradición iniciados contra el Sr. Assange», destaca esta carta en la que participa José Luis Rodríguez Zapatero. La misiva está dirigida a Boris Johnson, primer ministro británico, y a los responsables de Exteriores, Justicia e Interior.

En julio de 2019, Estados Unidos solicitó formalmente al Reino Unido la extradición de Julian Assange. El país norteamericano presentó los primeros cargos contra Assange el mismo día de su arresto, el 11 de abril del año pasado. Está acusado de un cargo federal de conspirar para acceder ilegalmente a un ordenador del Gobierno, por el cual podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel. También se le imputaron otros 17 cargos por violar la Ley de Espionaje unos meses después.