Los interventores aseguran que la Junta no hizo nada ante las denuncias de irregularidades en los ERE

Los interventores del Estado han declarado hoy, a preguntas de la acusación popular del PP-A contra 22 ex altos cargos de la Junta por el caso ERE, que «el Consejo de Gobierno debería haber adoptado alguna actuación» ante los avisos sobre irregularidades en las ayudas y no hizo nada «concreto e inmediato».

Cientos de millones en ayudas

El interrogatorio del letrado del PP-A, Luis García Navarro, ha concluido hoy preguntando a los interventores del Estado (IGAE) por lo que pudo conocer y hacer cada uno de los 22 acusados respecto al «procedimiento específico» usado durante una década para repartir 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Por su condición de viceconsejeros, consejeros o expresidentes del Gobierno o responsables del ente público IFA (luego IDEA) -que pagaba las ayudas de Empleo-, el abogado ha preguntado uno por uno por su conocimiento y aprobación de los Presupuestos, las modificaciones presupuestarias e informes de control financiero permanente de IFA.

Los Presupuestos y modificaciones -que pasaban por la reunión de viceconsejeros y aprobaba el Consejo de Gobierno- recogían las transferencias de financiación a IFA para pagar las ayudas y la Intervención -cuyo máximo responsable está acusado- avisó en 15 informes de su uso «inadecuado» al eludir la fiscalización previa.

Además, en el 2005 emitió un informe adicional en el que examinó una veintena de expedientes de concesión de ayudas y concluyó que la Dirección General de Trabajo las daba prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Desde la IGAE Ángel Turrión ha respondido prudente, al señalar que cada uno conoció los proyectos de Presupuesto y modificaciones tramitados en las reuniones «a las que asistieron».

No saben si Griñán lo sabía

Y cada vez que el letrado popular preguntaba si aprobaron algo «a sabiendas» de su ilegalidad, Turrión respondía que «no puedo saber si lo sabía o no».

En un momento dado, ha cuestionado si como consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez «debería saber» que las transferencias de financiación eran inadecuadas para pagar ayudas.

«Yo creo que todas las autoridades y funcionarios están obligados a conocer las normas que nos rigen», ha dicho Turrión, para añadir que «cuando es la Ley de Presupuestos la que de forma constante regula de la misma manera las transferencias de financiación y en el 2007 se dicta una ley expresa que fija un criterio con carácter indefinido hasta que es derogada en el 2015, entiendo que debería conocerlo, pero si lo conoció o no, no puedo decirlo».

Sobre si a Álvarez y a sus sucesores en Hacienda, José Antonio Griñán (antes de ser presidente) y Carmen Martínez Aguayo, les llegaron los informes del interventor, Turrión ha leído que eran remitidos al viceconsejero «para conocimiento» del consejero o «en cumplimiento del artículo 12.3 del Decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario», que recoge que se le envíen.

El catedrático Juan Ramallo, propuesto por Álvarez, ha defendido que los primeros llegaron el 14 de enero del 2004 «y veinte días después» cesó la exconsejera, alegando que «en esos veinte días no le llegaron».

El abogado José María Mohedano, que defiende a Griñán, ha ido más allá al pedir al letrado que «no se invente cosas que inducen a error» pues es «falso» que conste que el informe adicional del 2005 (sobre el ejercicio 2003 de IFA) se remitiera a Griñán.