Inmigrantes logran el «informe de vulnerabilidad» para regularizarse sin pasar ni siquiera una entrevista

La Policía Nacional ha detectado que se están emitiendo certificados de vulnerabilidad para la regularización sin que conste entrevista con los inmigrantes ni una valoración social. Por tanto, de forma totalmente irregular, ya que son requisitos imprescindibles para expedirlos.

Así está ocurriendo, por ejemplo, en Almería, donde numerosas asociaciones están haciendo su agosto con estos certificados, según informan a OKDIARIO fuentes policiales.

Esta situación provoca que puedan colarse delincuentes y que se haga el trámite no estando ni en territorio nacional, ya que pueden comprar el informe de vulnerabilidad, así como los penales y los pasaportes, como los policías también han comprobado que está sucediendo.

Que la Policía no disponga de toda la información requerida en cada expediente administrativo, como ocurre en este caso destapado en Almería, dificulta su labor de investigación, que es su función. Ante esta situación, lo único que queda a los agentes es comprobar si los inmigrantes que solicitan la regularización tienen antecedentes policiales.

Esta regularización masiva urdida por el Gobierno de Pedro Sánchez tras un pacto con Podemos es la más laxa de la historia. Ante la ausencia de normas efectivas y controles adecuados, los oportunistas surgen y actúan de forma ilegal, y ante la falta de filtros suficientes, algunos delincuentes tratan de colarse. En la Policía Nacional hay una «profunda preocupación» por el perfil de los que puedan aprovecharse de esta «caótica» regularización.

Hacen negocio con un servicio gratuito

El certificado de vulnerabilidad es un documento que forma parte del procedimiento de regularización y debe acreditar que una persona se encuentra en una situación precaria, sin posibilidad de acceso a medios económicos, tras una valoración individualizada por parte de una entidad social.

En condiciones normales, la persona acude a una ONG o entidad, se le realiza una entrevista, se analiza su situación económica, social y familiar, se hace un seguimiento o valoración profesional y en base a eso se emite el certificado. Es decir, no es un trámite automático, sino una evaluación social.

Sin embargo, se está produciendo la emisión directa del certificado por parte de algunas asociaciones: rellenan el modelo oficial con los datos básicos del solicitante y le estampan el sello y la firma de la asociación sin que haya entrevista previa ni valoración real.

Fuentes policiales indican que estos hechos son difíciles de perseguir porque las víctimas no van a denunciar por su situación administrativa.

Los Ayuntamientos no cobran por este servicio, pero estas asociaciones que están en el foco de la Policía están están haciendo los certificados tras solicitar un «pago encubierto» al inmigrante. Piden entre 80 y 100 euros a personas supuestamente sin recursos.

La Policía ha detectado que no les cobran como certificado de vulnerabilidad, sino como «cuota de afiliación/aportación/donación». En concreto, les emiten una especie de certificado de afiliación y esto sirve para justificar el cobro del dinero de forma formal.

El control se debilita

«Desde el Sindicato Unificado de Policía llevamos advirtiendo desde el inicio que una regularización de este alcance sin medios y sin planificación iba a generar problemas de control y de gestión. No es algo que nos sorprenda, sino una consecuencia real de hacer las cosas mal», declara a OKDIARIO Javier Socías, líder del SUP en Almería.

Afirma que lo que los policías están viendo ahora con los certificados de vulnerabilidad es una consecuencia directa de ese diseño. «Este instrumento debería basarse en una valoración social individualizada, rigurosa y profesional. Sin embargo, en un contexto de saturación, falta de criterios homogéneos y presión por los plazos, se están dando casos en los que este documento se está convirtiendo en un fraude de ley porque no atiende la finalidad para la que está diseñado», indica.

Norma vaga

Además, señala que «esta norma es vaga, falta de contenido, y que el Gobierno ha rechazado asesorarse antes con los profesionales que trabajan en la seguridad».

Y añade que «cuando un procedimiento se apoya en valoraciones subjetivas, con amplio margen de interpretación y sin mecanismos eficaces de verificación y, además, se gestiona en un contexto de alta demanda y falta de recursos, el control se debilita y aparecen espacios donde se producen prácticas irregulares».

En este sentido, indica que el Gobierno tendría que haber determinado qué asociaciones pueden hacer este trámite.

«Esto supone un agravio comparativo respecto a otros  inmigrantes a los que se les ha exigido unos requisitos mayores, más exhaustivos, y dificulta enormemente el trabajo posterior de verificación y control», explica Javier Socías, señalando que los policías tienen que emitir un informe policial de valoración dictaminando que esa persona no constituye un riesgo para la seguridad pública y con esto tienen menos información sobre esa persona.

«Si este tipo de procedimientos adolecen de requisitos, evidentemente, eso genera que nosotros tengamos menos recursos para investigar», recalca el SUP, pero afirma que «es muy difícil hacerlo bien en un plazo tan corto de dos meses y medio», del 16 de abril al 30 de junio.

Y exige que en la regularización haya «controles reales, criterios homogéneos y medios suficientes».