Los informes ambientales ilegales de Forestalia se aprobaron por un veterinario colocado por el PSOE

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) aprobó durante años la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables del Grupo Forestalia bajo la dirección de un cargo descrito en el atestado de la Guardia Civil como «puramente político» del PSOE, nombrado por el Gobierno de Aragón de Javier Lambán y que dirigió el organismo entre 2016 y 2023.

Para garantizar esas aprobaciones, Lobera designó como único responsable técnico de todos los expedientes de renovables a A. M., un veterinario que, según los testimonios recabados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), poseía «criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental».

La técnica que se resistía a cambiar sus informes desfavorables fue apartada de sus funciones. Así lo recoge el atestado aportado al Tribunal de Instrucción número 1 de Teruel, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El jefe de INAGA citado es uno de los seis investigados detenidos el pasado 3 de marzo en el marco de la operación Perserte, conocida también como caso Forestalia. Están imputados por prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El INAGA, con sede en Zaragoza, es el organismo del Gobierno de Aragón responsable de emitir los informes ambientales preceptivos para los proyectos de energías renovables tramitados en el ámbito autonómico aragonés, informes sin los cuales ningún parque eólico o solar puede obtener autorización definitiva.

INAGA y Forestalia

Según los testimonios de los funcionarios que declararon ante la UCOMA, el organismo funcionó con normalidad técnica hasta la llegada masiva de proyectos de energías renovables, el calificado por los agentes como el «boom de las renovables».

A partir de ese momento, el propio directivo desarrolló una actitud que los testigos describieron como «proactiva» para que los expedientes de Forestalia obtuvieran resolución favorable.

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que si los proyectos son pequeños o medianos, los avala la comunidad autónoma; si son grandes, pasan al Ministerio de Transición Ecológica, donde Forestalia, en tiempos de Teresa Ribera, presuntamente también tenía capacidad de alterar el comportamiento de los altos cargos.

El dato estadístico más elocuente lo aportó un funcionario: durante toda esa época, el INAGA bajo dirección del jefe mencionado solo llegó a firmar tres informes desfavorables a proyectos de energías renovables. Sólo tres, en un periodo de avalancha histórica de solicitudes en Aragón.

Los informes técnicos internos con valoración desfavorable eran «sistemáticamente ignorados o devueltos» por ese hombre, quien «se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación técnica».

En su lugar, el director recurrió a consultoras externas —entre las que los testigos mencionan a VEA GLOBAL, NATURAL RESOURCES, CALIDAD Y ESTUDIO o SATEL— para que redactaran informes «a su gusto», elaborados «con criterios técnicos más laxos y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores».

La técnica represaliada

El caso más documentado de resistencia interna es el de una mujer técnica del INAGA que elaboraba informes desfavorables a proyectos de Forestalia cuando sus evaluaciones así lo indicaban.

Según declaró ante la Guardia Civil una funcionaria ministerial, esta técnico mantuvo «amplios conflictos» con la dirección del organismo precisamente por esos informes.

El desenlace fue su remoción. Fue apartada de los expedientes de renovables y sustituida por el veterinario designado por el jefe del INAGA, descrito en el atestado como alguien con «criterios técnicos muy limitados».

Una sustitución que la UCOMA califica como parte del «presunto desmantelamiento de los contrapesos técnicos y administrativos» del instituto.

La presunta corrupción del sistema quedó además documentada en un episodio concreto relatado por la propia técnico: la secretaria del jefe la convocó a una reunión indicando que era «con los de Forestalia» para tratar directamente un expediente, un nivel de acceso privilegiado que los investigadores consideran «un claro indicador de una relación anómala».

Los testigos describieron también reuniones «habituales y que consideran casi semanales» entre el jefe de INAGA y responsables del Grupo Forestalia, concretamente con dos, hecho que, según el atestado, habría sido «supuestamente confirmado por el conductor del jefe del INAGA».

Las presiones políticas

La investigación apunta a que las presiones no se limitaron al ámbito interno del INAGA. Un funcionario declaró haber recibido una amenaza de cese comunicada por el secretario técnico del Departamento, quien le trasladó que la orden procedía del propio consejero de Medio Ambiente, Joaquín Aurelio Olona Blasco, del PSOE, quien habría dicho textualmente «que le cesara ya».

El Gobierno de Lambán gobernó Aragón entre 2015 y 2023 en coalición con Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés, con Olona Blasco como consejero de Medio Ambiente durante parte de ese periodo.

El juez Juan José Cortés Hidalgo, del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, tiene sobre la mesa una investigación con ramificaciones en organismos autonómicos y estatales. Lo que los funcionarios del INAGA contaron a la Guardia Civil dibuja un organismo técnico convertido en instrumento al servicio de intereses privados, donde quien cumplía con su trabajo pagaba un precio por ello y quien lo torcía ascendía. La pregunta que la instrucción judicial tendrá que responder es hasta dónde llegaban las órdenes, y desde qué despacho se daban.