Presidente de la Audiencia de Guipúzcoa: «El derecho a decidir no es constitucionalmente asumible»

El presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Iñaki Subijana, ha afirmado que incluir en el nuevo Estatuto de Euskadi el derecho a decidir no es «constitucionalmente asumible», aunque ha precisado que, si se pretende reflejar en el preámbulo, éste no tiene «carácter normativo definido» y, por tanto, «responde más a una aspiración política».

Además, cree que, tras la supuesta disolución de ETA, debe haber una reflexión «sobre determinadas medidas de política penitenciaria hasta ahora vigentes» y que «es importantísimo, en términos de justicia victimal, que exista un reconocimiento del daño injusto causado».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Subijana ha afirmado que la reforma estatutaria que se realice en la Comunidad Autónoma Vasca tiene que tener «encaje en el modelo constitucional vigente», en el que, en la actualidad, «no existe ese derecho a decidir».

A su juicio, el derecho a decidir sería «constitucionalmente asumible» si la propuesta de nuevo Estatuto «viene acompañada de una modificación del marco constitucional». «Pero, hasta que no se produzca, no será una respuesta constitucionalmente asumible», ha añadido.

En todo caso, el magistrado ha afirmado que, si se introduce en el preámbulo, éste «parece que no tiene un carácter normativo definido», sino que respondería «más a una aspiración política».

En cuanto a la situación catalana, Iñaki Subijana considera que «no tendría que ser la Justicia la que, en último lugar, resolviera el conflicto». «Creo que los conflictos de convivencia y articulación institucional se tienen que solventar en clave política, lo que es compatible con que existan actuaciones o comportamientos que puedan generar responsabilidad jurídica, que es el ámbito propio de la decisión de jueces y tribunales», ha subrayado.

Sobre ETA hay que seguir investigando

El presidente de la Audiencia de Guipúzcoa también se ha referido a la disolución de ETA, para señalar que se tiene que «continuar en las tareas de investigación y de enjuiciamiento de conductas que todavía no han sido juzgadas».

«Ahí no creo que haya ningún tipo de modificación. En lo que tiene que ver con la ejecución de sentencias firmes ya adoptadas y, por lo tanto, con materia penitenciaria, creo que lo que sugiere es iniciar ya un proceso de reflexión sobre determinadas medidas de política penitenciaria que hasta ahora han estado vigentes», ha indicado.

En este sentido, ha señalado que, aunque, a la hora de determinar el lugar de cumplimiento de las penas o de determinar la clasificación de grado, «la decisión inicial la toma la Administración Penitenciaria», dependiente del Ministerio del Interior, esas decisiones «son revisables impugnables, recurribles, y por lo tanto, la última palabra corresponde a jueces y tribunales».

En todo caso, ha apuntado que «es importantísimo, en términos de justicia victimal, que exista un reconocimiento del daño injusto causado, por tanto del grado de victimización producida, y que se lleve a cabo todo lo que está en la mano de cada uno para reparar ese daño».