Los abogados y procuradores muestran su preocupación por el pacto del PSOE con Junts
La Junta de Gobierno del ICAM aprueba por unanimidad una declaración institucional sobre el pacto del PSOE con Junts
Los abogados consideran inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que los abogados muestran su preocupación por el contenido del pacto entre el PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente. El documento recoge en cinco puntos la defensa del poder judicial. Por su parte, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) también se ha pronunciado sobre el pacto en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia de la Justicia.
Los abogados del ICAM han celebrado una sesión extraordinaria el pasado 9 de noviembre de 2023 —día festivo en la capital— en la que han abordado el pacto suscrito entre el PSOE y Junts. Los abogados presentes en la Junta de Gobierno de este organismo han aprobado una declaración institucional desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, tal y como recalcan en referido documento.
El colegio de abogados manifiesta que la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional. También incide en la importancia de la separación de poderes como «fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».
A su vez, el ICAM incide que el uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. Sin embargo, el acuerdo firmado por los socialistas con los independentistas introduce este término y que la ley «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».
La Junta de Gobierno del ICAM también incide en la inaceptable creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional. Este punto ha sido incluido en el pacto del PSOE con los independentistas y tiene prevista una nueva comisión sobre el caso Pegasus y la reactivación de la «Operación Cataluña», que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas.
La declaración institucional también pone énfasis en la independencia del poder judicial. «La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad», explican desde el ICAM. Además, también piden respeto hacía la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea.
Procuradores en contra
El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), al igual que el ICAM, también ha elaborado un comunicado tras conocer el pacto del PSOE con Junts. Los procuradores señalan que este documento incluye elementos de acentuada gravedad para la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
«El ICPM reitera su firme apoyo a la Constitución y a los valores que contiene, en particular al principio de separación de poderes, sin cuya plena efectividad no puede existir una democracia plena», explican los procuradores en el comunicado en el que respaldan la independencia del Poder Judicial.
Además, los procuradores rechazan tajantemente el reconocimiento de la llamada «lawfare», ya que su empleo sólo puede suponer una forma de control, lo que en absoluto tiene cabida en un Estado de Derecho que propugna la igualdad material y formal entre todos los españoles.
Tanto los procuradores como los abogados finalizan sus comunicados asegurando que, en cumplimiento de sus fines, ejercitarán cuantas acciones sean procedentes en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes.
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