Illa avisa de una cuarta ola del coronavirus pero se niega a adoptar medidas para evitarla

Cuando todavía no está superada la tercera, y desde el Gobierno se recomienda seguir la misma estrategia con la que según ellos «superamos la segunda», el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habla ya abiertamente de la llegada de una cuarta ola tras Semana Santa. Advierte de que puede llegar esa nueva oleada de contagios tras los festivos del mes de marzo, a la vez que se niega a adoptar medidas más restrictivas para evitarla.

Illa habla con ligereza de una nueva situación de estrés sanitario en primavera en un documento con el logo del PSC con el cual, este viernes, esperaban convencer al resto de partidos catalanes para aplazar las elecciones del 14 de febrero sólo unas semanas. Una propuesta que ya ha sido rechazada por el Govern, que plantea trasladar esos comicios al 30 de mayo.

Los socialistas, que hasta ayer se negaban al retraso electoral e incluso ponían en duda su legalidad, dicen que aplazar las elecciones hasta entonces, como recomiendan los expertos, podría ser peor al estar España en una situación más comprometida respecto a los contagios.

La admisión de la eventual llegada de la cuarta ola, de la que aún no hablan en ningún país, contrasta con el rechazo del ministro-candidato durante toda la semana a valorar el posible aplazamiento de los comicios catalanes. Salvador Illa ha venido repitiendo que las condiciones epidemiológicas no hacen inviable la celebración de las elecciones. En todo caso, dice, es decisión de la Generalitat y no del Ministerio que dirige tomar la decisión de celebrarlas o no.

Se niega a adoptar más decisiones

«Con las herramientas actuales las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de tomar todas las decisiones que consideren oportunas para frenar el virus», recuerda casi a diario el ministro de Sanidad, cuando se le pregunta por un posible endurecimiento de las restricciones. Pero miente.

Las autonomías no pueden decretar un confinamiento domiciliario, como están haciendo la gran mayoría de países de Europa, porque el estado de alarma actual no lo permite. Y él mismo y Pedro Sánchez, por ahora, quieren evitar el desgaste de volver a aprobar una medida tan impopular que, paradójicamente, antes defendían a ultranza.

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat quiere que sean las administraciones territoriales las que asuman el desgaste de la gestión de la pandemia. A su departamento, aseguran, sólo le corresponde el «coordinar» la acción del resto de gobiernos. Una forma simple y llana de dimitir de sus responsabilidades. Y es que aunque las competencias en Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas, las pandemias son de gestión estatal.

En contra del aplazamiento

Pese a que este jueves por la noche, a regañadientes, el PSC aceptó apuntarse al carro del aplazamiento electoral, los socialistas y Moncloa se oponen a retrasar la cita con las urnas. La candidatura que lidera Illa, tras quedarse sola sosteniendo la fecha del 14-F, accedió a última hora a modificar la fecha siempre que la última palabra la tuviera el Ministerio de Sanidad, que dirige su presidenciable Salvador Illa. Horas antes, en un comunicado, el PSC se negaba rotundamente al aplazamiento.

También el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, trasladó este jueves por la mañana la inviabilidad de retrasar las elecciones. En una entrevista Campo dijo que no existían argumentos sanitarios ni legales que justificasen el aplazamiento electoral. El titular de Justicia, que tras el cambio de posición del PSC por la noche canceló todas las entrevistas que había confirmado para este viernes, llegó a afirmar que la intención del Govern de retrasar la cita podía incurrir en un acto ilegal.

También la candidatura que encabeza Salvador Illa, en el mismo documento en el que admiten la llegada de la cuarta ola del coronavirus tras la Semana Santa, recuerda que pese a aceptar el retraso con las condiciones impuestas no está del todo de acuerdo con la medida. En el punto uno de la propuesta que ha trasladado este viernes al resto de partidos, el PSC, apunta que «el aplazamiento mantiene interrogantes desde el punto de vista jurídico y no queda justificado por la evolución prevista por los datos de la pandemia».

Los socialistas catalanes, aún ese rechazo, acaba admitiendo que la decisión de aplazar las elecciones persigue la voluntad de «asegurar la mejor conciliación posible de la protección de la salud pública y el ejercicio del derecho a voto». Una posición que dista de la que adoptó el Ejecutivo el año pasado cuando Galícia y el País Vasco decidieron retrasar las elecciones. Entonces apoyaron la medida sin reproches. No había ningún interés partidista, más allá del electoral y conscientes del batacazo que se iban a dar, que motivase a Moncloa a plantar cara como ahora para defender su ‘efecto Illa’ y la reorganización del gabinete ministerial.

Evolución de los datos

Los expertos del Govern, hace unos días, elevaron un informe muy detallado a los partidos para que tuvieran elementos tangibles para decidir si mantener o aplazar las elecciones. En la proyección que hacían los técnicos de la consejería de Salut, entre otros datos, apuntaban a un fuerte incremento en el número de contagios a finales de este mes, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, cuando se podría llegar al pico de los 6.000 infectados diarios. El documento también alertaba que días antes de las elecciones, el 14 de febrero, las UCIs llegarían al límite de su capacidad y la situación podía ser crítica en los hospitales catalanes.

Un año esperando votar

La cita con las urnas en Cataluña lleva retrasándose un año. En enero del 2020, en una comparecencia solemne en el Palau de la Generalitat, a raíz de las fuertes tensiones entre los socios independentistas, el aún president Quim Torra anunció que tras la aprobación de los presupuestos catalanes en marzo convocaría elecciones para antes del verano. Luego llegó la pandemia y Torra decidió aparcar la cita electoral para centrarse en la gestión del virus hasta que tras el verano se hizo firme su sentencia de inhabilitación. Con su cese, y sin acuerdo para investir a un nuevo candidato, los partidos catalanes dejaron correr los plazos legales para una disolución automática del Parlament que acabó con la convocatoria para el 14 de febrero.