Igualdad gasta ahora 71 millones para arreglar la pifia de las pulseras antimaltrato desvelada por OKDIARIO

El Ministerio de Igualdad, encabezado por la socialista Ana Redondo, ha anunciado que se gastará ahora 71 millones de euros para arreglar la pifia con las pulseras antimaltrato que impidió acceder a datos de incumplimientos de condenas y provocó absoluciones de agresores, como desveló OKDIARIO en septiembre de 2025. El gasto se dedicará al servicio de mantenimiento y seguimiento de los dispositivos para proteger a las víctimas de violencia de género y a la adquisición de nuevas pulseras.

El Consejo de Ministros de este miércoles firmó un acuerdo este martes para modificar «los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros» con el objetivo de «posibilitar al Ministerio de Igualdad la tramitación de diversos expedientes de gasto» en lo relativo a «la prevención integral de la violencia de género».

Técnicamente, esta decisión compete ejecutarla al Ministerio de Hacienda, pero se ha hecho a petición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, encabezada por Carmen Martínez Perza. Desde este organismo consideran que existe una «necesidad» de poner en marcha medidas tras los problemas con las pulseras antimaltrato que desveló la Memoria de la Fiscalía de 2024 y que desveló OKDIARIO.

De ese modo, el Consejo de Ministros ha acordado facilitar fondos para la «contratación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual». Se trata de un desembolso de 71.369.269,41 euros, impuestos incluidos para un contrato que se desarrollará entre 2026 y 2029.

De ese gasto, 59.280.321,89 euros corresponden al «servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos». Es decir, a todo el trabajo que se realiza alrededor de las pulseras. Los otros 12.088.947,52 euros se asignarán a la adquisición de nuevos dispositivos.

Además de ello, el Consejo de Ministros permitió ampliar el dinero para financiar las «prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor». Entre otros, son compromisos para sufragar el portal estadístico, el mantenimiento de aplicaciones y servicios de creatividad, para 2026 y 2027. Todo ello, con un coste de 2.847.485,28 euros.

Chapuza de Igualdad con las pulseras

Igualdad licitó un nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato que generó un problema técnico que ha afectado directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior –que se encuentra cifrada– no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía documentó en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados de que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos aboca a una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación ocasionó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

No fue el único problema. Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

La situación era tal que Igualdad admitió en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres.

Así consta en las medidas para la renovación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Se trata de un documento de más de 400 medidas, aprobadas por el Congreso de los Diputados en febrero con una amplia mayoría, ya que todos los partidos votaron a favor, excepto Vox.