Iceta, negociador con Puigdemont, ya intentó en 2017 perdonar la deuda a Cataluña como piden Junts y ERC

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 07/08/2023 06:45
  • Actualizado: 07/08/2023 06:45

Miquel Iceta -que, como ha publicado OKDIARIO, será el encargado de pilotar las negociaciones con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez- ya defendió años atrás la condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -de unos 72.000 millones-, una propuesta que los socialistas han ofrecido ahora en secreto a ERC y Junts. En 2017, Iceta -entonces candidato del PSC a la Generalitat- ya incluyó en su programa electoral el perdón de la deuda catalana. El planteamiento abrió una sonora polémica dentro de su partido y recibió incluso el rechazo frontal de varios barones socialistas.

En concreto, la medida de Iceta era la siguiente: «Lograr la sostenibilidad de las finanzas autonómicas requiere, además del cambio en el modelo de financiación en la línea que proponemos, un alivio de la deuda. La propuesta es una condonación por parte del Estado de una parte de la deuda y una posible reestructuración en algunos casos». Unos meses antes, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también había defendido una quita de la deuda catalana, pero, ante las críticas, tuvo que matizar y enmarcó sus declaraciones en una «opinión personal».

La propuesta de Iceta también fue calificada de «disparate» por la oposición e incluso dentro del PSOE. Desde los Gobiernos de Extremadura, Asturias y Andalucía -todos entonces en manos de socialistas- se quejaron de la medida, exigiendo soluciones consensuadas y nunca por la vía de la negociación bilateral. Los socialistas extremeños, muy críticos, advirtieron de que «las deudas deben pagarse». Desde Andalucía avisaron que cualquier medida de condonación debía hacerse siempre «con carácter universal».

Cesión

La nueva cesión del Gobierno al independentismo para tratar de amarrar la investidura de Pedro Sánchez ha chocado también esta vez con el rechazo de comunidades del PP y del PSOE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado rotunda: «Compran el poder con el dinero de todos los españoles, en agravio comparativo con las comunidades autónomas que se esfuerzan por no endeudarse», respondió tras conocerse la propuesta. «¿Qué pensarán los autónomos que intentan mantener a flote sus negocios? ¿Las familias que intentan llegar a fin de mes?», planteó.

Desde las comunidades socialistas también han alzado la voz. El presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, consideró que el Gobierno debe asumir una quita de esta deuda autonómica «sin más agravios entre comunidades» y que ese perdón tendría que plantearse «exactamente igual para todas las comunidades, con el mismo porcentaje». En Andalucía, el popular Juanma Moreno ha advertido de posibles «nuevas prebendas» del PSOE a los separatistas, en el marco de la financiación autonómica. En la Comunidad Valenciana, el nuevo presidente, Carlos Mazón (PP), también ha rechazado que la financiación se negocie «en el cuarto oscuro del separatismo» y Galicia lo considera una «medida inequitativa».

El debate surgió a raíz de una enmienda a una moción de Junts y ERC en el Parlamento catalán sobre los supuestos «agravios económicos y fiscales del Estado español hacia Cataluña», en la que se condiciona la investidura a la condonación íntegra de la deuda. El PSC se mostró partidario de explorar esa vía y presentó una enmienda en la que apostaba por «la definición de un coeficiente de condonación de esta deuda, que tenga en cuenta las necesidades de gasto de los servicios públicos fundamentales de la Generalitat».

Por su parte, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha considerado que el debate es «precipitado» porque «no hay que anticipar ninguna cuestión» pero no ha descartado expresamente esa posibilidad. «Hay muchos elementos dentro del sistema que no sólo desde Cataluña, sino también otras comunidades han puesto siempre sobre la mesa. El Gobierno tendrá que abordar todos los componentes del puzzle», manifestó estos días.