Hugo Chávez cambió la ley en 2004 para controlar el Poder Judicial como quieren PSOE y Podemos

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 14/10/2020 06:48
  • Actualizado: 18/10/2020 02:38

La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quieren acometer PSOE y Podemos por la vía rápida, sin consenso y sin controles de los órganos constitucionales recuerda a la que acometió el Gobierno del dictador Hugo Chávez en Venezuela en el año 2004.

Los dos partidos que sostienen el Gobierno pretenden que el órgano de gobierno de los jueces, del que dependen los nombramientos de los magistrados y cuya misión es velar por la independencia de los mismos, no sea elegido por una mayoría reforzada de tres quintos, sino por mayoría absoluta, buscando así poder hacerlo sin la oposición y recurriendo para ello al apoyo de ‘la mayoría Frankenstein’, esto es, los separatistas, proetarras y nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

De igual modo, en el caso de Venezuela, el Ejecutivo de Hugo Chávez presentó una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela donde rebajó la mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple a la hora de designar a los magistrados del Alto Tribunal. Un cambio normativo que fue denunciado en su día por la comunidad internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ONG Human Rights Watch y por la Comisión Internacional de Juristas que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de Naciones de Unidas, entre otras entidades. Cabe recordar que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asesoró al régimen de Hugo Chávez de Venezuela junto a otros dirigentes morados a través de la fundación Ceps (Centro de Estudios Políticos y Sociales).

En concreto, el artículo octavo de esa ley orgánica de 2004 (la vigente ahora es la de 2010) establecía: «En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada requerida, se convocará a una segunda sesión plenaria, de conformidad con lo previsto en este artículo; y si tampoco se obtuviese el voto favorable, de la mayoría calificada requerida, se convocará a una tercera sesión y si en ésta, tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional».

Por su parte, la proposición de ley de PSOE y Podemos, a imagen y semejanza del texto de la Venezuela de Hugo Chávez de 2004, quiere modificar el artículo 572 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir que «si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

La vigente LOPJ establece que ocho de los veinte vocales que conforman el CGPJ -en funciones desde diciembre de 2018- deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros 12 son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo. En total, diez por Cámara y siempre mediante mayoría cualificada de tres quintos.

Veintiún días después

Precisamente, el pasado 22 de septiembre, PSOE y Unidas Podemos cerraron la vía en el Congreso de los Diputados a la única proposición de ley (de Ciudadanos) que había registrada en el Congreso sobre este asunto hasta el polémico texto que los socialcomunistas presentaron ayer. En concreto, hace unas semanas se debatió la toma en consideración de dicha iniciativa del partido naranja para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con un cambio en el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de que su mayoría sea escogida directamente por los jueces en pro de la independencia y la despolitización de la Justicia.

En concreto, el partido de Inés Arrimadas planteó aquí que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, así como reforzar la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales del CGPJ. Sin embargo, esta reforma, que sí tuvo el apoyo de PP y Vox en tanto compartieron el «fondo» y prometieron mejoras, fue tumbada por PSOE, Podemos y sus aliados.

Apenas 21 días después, los socialcomunistas, tras el cambio normativo que avanzó Pedro Sánchez el pasado 3 de octubre, han llevado a la Cámara su particular reforma de la LOPJ que rompe el Pacto Constitucional y que atenta directamente contra la separación de poderes. En lugar de presentar un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, PSOE y Podemos han recurrido a una proposición de ley orgánica para eludir los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Todo ello con la máxima celeridad para aprobar la reforma en sólo «dos meses», aseguró este martes la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Acusado de tres delitos

El registro se ha producido justo cuando los problemas judiciales acechan especialmente al vicepresidente por el caso Dina-Iglesias, donde el instructor le acusa de tres delitos (revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa), y por la presunta financiación irregular de su partido -que ya ha sido ya imputado por corrupción como persona jurídica- a través de la consultora chavista Neurona.

Tanto el PP -que había trasladado al PSOE su negativa a la entrada de Podemos en el CGPJ por sus ataques al Estado de Derecho y la Monarquía parlamentaria- como Vox han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional esta reforma, mientras que Ciudadanos, que no tiene suficiente representación en las Cortes para hacerlo, denunció la propuesta en tanto supone «dejar el Poder Judicial en manos de los partidos que atacan a nuestros jueces». No obstante, la formación naranja mantiene la mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez para negociar y apoyar sus Presupuestos.