Hacienda descubre «incoherencias» en el precio de los contratos chinos de Sánchez durante el Covid

Los contratos firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria, ejecutados por vía de emergencia por el Covid, están plagados de «anomalías». Es la conclusión de un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), ente público autónomo bajo jurisdicción de Hacienda que vigila la contratación pública. Destaca desde «incoherencias» en los precios hasta la imposibilidad de acceder a la documentación pública.

Una de las consecuencias que provocó la pandemia y el estado de alarma fue la relajación en los procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas. La falta de material de protección para los sanitarios llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a firmar cientos de contratos, buena parte de ellos con empresas chinas, sin la obligación de ofrecer públicamente sus detalles.

Entre los contratos que se firmaron por esta vía de emergencia, Sanidad compró por ejemplo batas a un precio 66 veces superior a los que la vendían los competidores españoles, mascarillas veinte veces más caras que el precio de mercado habitual, o test PCR para detectar el coronavirus que no tenían suficiente sensibilidad y terminaron en la basura. Hasta se dio el caso de que en 14 contratos figuraba la dirección del adjudicatario como «desconocida».

En total, según un informe de la OIRESCON, el Gobierno de Pedro Sánchez firmó 1.059 contratos por esa vía de emergencia, que alcanzaron en conjunto 3.891 millones de euros. Una cifra récord desde que existe este tipo de contratación. Y en muchos de ellos se han detectado deficiencias y anomalías diversas. El 40% de los contratos consistieron en adquisiciones de «equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal».

Precios «incoherentes»

Por ejemplo, esta agencia pública independiente advierte de que «se ha detectado un problema adicional y es la falta de concordancia entre el valor estimado indicado en la publicación, el presupuesto base de licitación y la suma de los precios de adjudicación de los contratos contenidos en dicha publicación. Estas incoherencias no han podido ser analizadas debido a la ausencia de documentación que las soporte».

También se destaca que en algunos contratos se produce una «falta de información sobre la fecha de publicación de los anuncios de resoluciones de adjudicación y formalización de los contratos».

Adjudicatarios «insolventes»

Entre los contratos públicos firmados, la OIRESCON advierte de que «mención  aparte merece la ausencia de información relativa a los medios de acreditación de la solvencia en estos contratos, ya sea técnica o económica, puesto que la tramitación por vía de emergencia no exime de la obligación de contratar con una persona física o jurídica con capacidad y solvencia suficiente en relación con el objeto del contrato».

El informe, de 91 páginas, advierte al Gobierno de que «la relajación de los requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la inmediata ejecución de la prestación contratada», pero advierte de que «ello no excluye que, a posteriori, puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia, razón por la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato».