Hacienda bloquea la equiparación salarial del personal de Justicia en toda España

Hacienda ha condenado a 15.000 trabajadores del sistema de Justicia español a quedarse sin poder equiparar sus nóminas con la de sus compañeros de las comunidades autónomas más afortunadas. La subida se había pactado entre los sindicatos y el Ministerio de Justicia, pero Hacienda ha dicho que no la acepta, tal y como denuncian los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anuncia ya movilizaciones a partir del 15 de noviembre.

La subida debía suponer el aumento de entre 80 y 195 euros mensuales para un grupo de 15.000 funcionarios, en función de las categorías. El resultado era un coste adicional para los Presupuestos Generales del Estado de 31 millones de euros en concepto de masa salarial.

CSIF, sindicato mayoritario en la Justicia, y el resto de organizaciones de este ámbito, ha convocado ya movilizaciones contra la decisión del Ministerio de Hacienda de bloquear el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia en materia de retribuciones y condiciones laborales. El acuerdo contemplaba una subida del complemento específico para el personal dependiente del Ministerio de Justicia (Servicios Centrales, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con las del personal dependiente del resto de comunidades autónomas con transferencia.

Por este motivo, las organizaciones representativas han anunciado la convocatoria de movilizaciones que se iniciarán con una concentración de delegados sindicales el próximo 15 de noviembre y que seguirá con una gran manifestación en Madrid, el próximo 20 de noviembre, sin descartar otro tipo de medidas “para denunciar esta burla a la negociación colectiva y a la dignidad de miles de funcionarios y funcionarias de la administración de justicia”, destaca CSIF.

Tras la negativa de Hacienda, el Ministerio de Justicia ha trasladado en la mesa de negociación lo que denomina una “contraoferta de Hacienda” con las siguientes condiciones:
1- Aplazamiento del pago de las cantidades mensuales acordadas, en tres plazos a 2022, 2023 y 2024.
2- Eliminación del carácter retroactivo pactado a enero de 2021 y que supondría una paga de atrasos.
3- En las materias objeto de futura negociación, supresión de la referencia temporal del compromiso de negociación de la carrera profesional durante el 2022”.

“Las organizaciones sindicales representativas hemos mostrado nuestro más absoluto rechazo a esta contraoferta de un acuerdo ya cerrado con Justicia y que Hacienda conocía perfectamente desde que se aprobó la Ley de Presupuestos Generales de 2021. Hacienda ha sido conocedora en todo momento de la negociación y de su evolución, avalando las propuestas del Ministerio desde el primer momento y, sólo a última hora plantea reparos al acuerdo y exige modificaciones impuestas unilateralmente en el texto que se cerró hace mes y medio y que llevábamos negociando siete meses atrás”, señalan desde CSIF.

Por eso, los cuatro sindicatos han trasladado al ministerio “su falta de credibilidad  la del Gobierno al completo, que se demuestra en la más absoluta falta de buena fe en la negociación y le ha advertido que puede afectar al resto de cuestiones relacionadas con el proyecto de Justicia 2030 que pretende trasladar a la mesa de negociación”.