Hacienda admite que el ‘basurazo’ de Sánchez retuerce la norma de la UE: «No obliga a crear un impuesto»

Cuenta atrás para la imposición de la nueva tasa de basuras. El Gobierno justifica este sablazo en una directiva europea que, sin embargo, no obliga a crear el nuevo impuesto, algo que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido en un escrito. A pesar de ello, en abril del próximo año todos los ayuntamientos tendrán que aplicar este gravamen, es decir, mientras que hasta ahora algunos consistorios no repercutían a sus vecinos o la incluían en otros tributos, ahora recaerá directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

El punto de partida fue la Directiva 2008/98/CE que estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos, entre los que se encuentran las tasas y los sistemas de pago por generación de residuos. Para dar cumplimiento a esta normativa, el Gobierno aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que implantó la obligación para las entidades locales de establecer, en el plazo de tres años, una tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Sin embargo, tal y como reconocía el propio Ministerio de Hacienda en un informe, esta normativa europea no obligaba a imponer este basurazo. «El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa permita implantar sistemas de pago por generación. Por tanto, la norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación», reza el documento remitido por el organismo de María Jesús Montero, en el que explicaba las cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y gestión de esta tasa.

Es decir, mientras la Unión Europea se refiere a imponer tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados con el objetivo de reducir los residuos mezclados bajo el principio de quien contamina paga, Sánchez tergiversa la normativa para imponer un impuesto individualizado, así como exigencias a los municipios para que reutilicen el 55% de las basuras recogidas y separen un 77% de las botellas de plástico del resto de residuos.

¿Qué dice la normativa de la UE?

Lo que sí señala la normativa europea es que las entidades locales deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos.

Entre las propuestas que recoge el ministerio de Montero se encuentra la de aplicar reducciones sobre una cuota única en función de determinados comportamientos. Por ejemplo, por aportaciones a puntos limpios, participación en la separación de las nuevas fracciones de recogida separada obligatoria, adhesión a programas voluntarios de compostaje doméstico, etc. Otra de propuestas, recoge una cuota básica y cuota variable en función del comportamiento detectado según las zonas del municipio, por ejemplo, a partir de criterios técnicos y estadísticos que permitan estimarlo de acuerdo con los datos reales de residuos generados y de calidad de separación en la totalidad del municipio.

Caos jurídico

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha propuesto reformar la regulación de la nueva tasa de basuras para evitar el caos en los ayuntamientos en torno a este tributo. A su juicio, la actual regulación es «escasa e ineficiente» y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación.

«Estamos, por vez primera en la historia de la tributación local, ante una tasa de imposición obligatoria, que debe sufragar el 100% del coste del servicio y, también, una novedad, no tiene que ser deficitaria. Asimismo, debe aplicar el principio del pago por generación. El legislador medioambiental, en un claro ejercicio de desconocimiento de la realidad tributaria local, aboca a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a una extraordinaria inseguridad jurídica», explican.