Guerrero acusa a la Fiscalía de tener «afán acusatorio inquisitorial» en el Caso ERE

La defensa del ex director de Trabajo Javier Guerrero ha alegado hoy que el caso ERE se basa en un «craso error» de su primera instructora, Mercedes Alaya, para crear «un juicio que pretende un beneficio político» y ha comparado su actuación con la de su sucesora María Núñez.

El letrado José Ávila representa desde abril -con el juicio ya iniciado- a Guerrero, que afronta 8 años de prisión y 30 de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta y uno de los pocos encausados que ha pasado por prisión.

Ha comenzado su informe final, en el que pide la absolución de su cliente, centrándose en desmontar que las ayudas que durante una década repartió Guerrero carecieran de regulación, al defender que se daban en base a una orden estatal de 1995 sobre ayudas a la prejubilación de trabajadores afectados por reestructuración de empresas.

Una normativa que no analizaron los peritos de la Intervención del Estado nombrados «a dedo» por Alaya cuando «hubiera bastado» con que la instructora hubiera preguntado por ella al Ministerio de Trabajo y no a los peritos.

Según el letrado, la jueza se basó en ese informe «erróneo» en la instrucción, de la que emanan «múltiples contradicciones e incoherencias» de las que considera «corresponsable» la Fiscalía y la UCO por su «desconocimiento de la norma», y que arrastró al juez que cerró la causa -Álvaro Martín-, la Audiencia de Sevilla y al Supremo cuando vio la causa respecto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán hasta que dejaron de ser aforados.

Ávila ha preguntado «por qué la instructora no paralizó las ayudas» si «podía hacerlo» y «estaba en el convencimiento de que eran ilegales».

El letrado ha comparado la actuación de Alaya con la de su sucesora María Núñez, que recientemente ha señalado en una pieza separada la aplicación de la orden estatal del 95 a las ayudas de los ERE, y ha lamentado que «de haberse hecho este ejercicio al inicio de la causa no habría sido necesario este largo proceso» que habría quedado reducido al «5 %, los denominados intrusos».

Además, ha denunciado la «obcecación» de la Fiscalía en su «afán acusatorio inquisitorial» y la personación como acusación popular del PP-A que a su juicio no busca en este proceso justicia o la restitución del dinero público sino «aclarar su ya dañada imagen ante los ciudadanos, por causas bien conocidas por todos y que han supuesto que dicho partido haya perdido el Gobierno de la nación», en clara alusión a la sentencia del caso Gürtel que motivó la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy.