Gritos de «¡Peinado, estamos a tu lado!» en el paro de jueces y fiscales contra las reformas de Sánchez

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 11/06/2025 13:29
  • Actualizado: 11/06/2025 22:19

En el paro histórico que jueces y fiscales han secundado este miércoles contra las reformas del Gobierno se han escuchado gritos en apoyo al magistrado que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno: «¡Juez Peinado, estamos a tu lado!». «¡Independencia judicial!» y «¡Los jueces no se tocan!» han sido otro de los cánticos de ciudadanos espontáneos que han arropado a jueces y fiscales en su protesta.

Combaten así los ataques que Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, está sufriendo desde el Gobierno por hacer su trabajo. Desde que comenzó a instruir la causa abierta contra Begoña Gómez por cuatro delitos es víctima de ataques verbales y también de acciones judiciales para intentar frenar la instrucción de esta causa. Tanto el presidente del Gobierno como su esposa presentaron querellas contra él que, sin embargo, fueron tumbadas por la Justicia, ganando el juez Peinado.

Estos ataques que no son un caso aislado, sino que actualmente nos encontramos en un contexto de presión política a los jueces, con declaraciones públicas desacreditando a los que instruyen procedimientos sensibles relacionados con el entorno del presidente del Gobierno, cuestionando su imparcialidad para socavar su autoridad y condicionar su actuación.

Beatriz Biedma, también en la diana

Entre otros miembros de la carrera judicial, también ha sufrido ataques del poder político la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, que actualmente se encarga del procedimiento penal abierto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Situación ante la que también han alzado la voz recientemente tres de las cuatro asociaciones de jueces, APM, AJFV y FJI -a excepción de la progresista JJpD-, en un comunicado, tras las informaciones sobre «la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal e intentos de deslegitimar su labor jurisdiccional».

Ataques contra los que subrayan «que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley».  «Cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones», subrayaron, reafirmando su apoyo a la instructora, de la que destacan su profesionalidad y compromiso con la legalidad.

Se suma a esta lista de magistrados puestos en la diana por parte de miembros del Ejecutivo, incluidos ministros, Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional. Los ataques que sufrió en el ejercicio de su profesión ocurrieron al elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.

Como relató García-Castellón en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, aquellos ataques eran «inquietantes» para él, consciente de que «se dirigían a miles de compañeros para que percibieran el peligro al que se enfrentarían».

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también los ha sufrido, especialmente el magistrado Pablo Llarena, instructor del caso procés, puesto en la picota por el independentismo tras procesar a 25 líderes separatistas.

En noviembre de 2018 las juventudes de la CUP atacaron con pintadas el domicilio personal de Llarena, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Anteriormente, en marzo de aquel año, Arran hizo pintadas en la segunda vivienda del magistrado, en la localidad de Das (Gerona), tildándolo de «fascista» e instándole a abandonar el municipio. También fue increpado por un grupo de alrededor de 20 independentistas, miembros del CDR de Palafruguell, al salir de un restaurante de la localidad yendo acompañado de amigos, entre ellos Alberto Fernández Díaz, entonces líder del PP en Barcelona.

Por la independencia judicial

Precisamente, el paro de este miércoles de jueces y fiscales se produce en defensa de la independencia judicial, como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, porque, según denuncian, la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal y del Estatuto Orgánico de la Fiscalía «suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal», como ya han denunciado ante Europa.

Una protesta en la que han estado arropados por guardias civiles y policías nacionales, como ha informado en exclusiva OKDIARIO, así como por otros operadores jurídicos y ciudadanos.

En defensa de la UCO

La AUGC y el SUP han participado junto a jueces y fiscales en la movilización ante los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra la reforma del Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales, en contra de que la Fiscalía se quede con la UCO. Denuncian que el Gobierno «tiene abandonados a los guardias civiles y ahora quiere tenerlos sumisos».

Representantes de ambas organizaciones han mostrando su respaldo a las reivindicaciones de los operadores jurídicos y expresado su «preocupación» por las «graves consecuencias que estas reformas pueden tener para la independencia del poder judicial y la salud democrática del Estado de Derecho».

AUGC y SUP han expresado su apoyo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «cuya labor es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho, la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción», así como  a la Comisaría General de Policía Judicial.

«Desde AUGC y SUP consideramos que cualquier intento de debilitar la separación de poderes pone en riesgo la seguridad jurídica y, en consecuencia, la labor de los profesionales que trabajamos diariamente para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía», han expuesto en un comunicado conjunto. «Como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependemos de un sistema judicial fuerte, independiente y con garantías plenas para poder desarrollar nuestra labor con eficacia y legitimidad», concluyen.