Granados cumple un año en prisión preventiva sin que el juez admita su libertad bajo fianza

Francisco Granados fue detenido hace justo un año por la Guardia Civil, junto con varios constructores, en el marco de una operación que investigaba el presunto pago de comisiones de empresarios a cambio de favores políticos, denominada Operación Púnica. El político madrileño fue a la cárcel desde donde espera desde entonces en régimen de prisión preventiva.

Fuentes del entorno de Granados no comprenden que el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Eloy Velasco, no le haya puesto en libertad bajo fianza. Sobre todo tras comprobar como en operaciones similares como la que afecta al clan Pujol, Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarín los imputados ni quiera han pasado por la cárcel. El periodo máximo que puede estar una persona en prisión preventiva es de cuatro años. Francisco Correa llegó a estar tres años y cuatro meses en este régimen y Pablo Crespo tres.

La defensa del político madrileño ha solicitado varias veces la libertad argumentando que no existen pruebas que le incriminen en la Operación Púnica y solicitando que se modifique la medida cautelar de ingreso en prisión adoptada el pasado 31 de octubre, cuatro días después de su detención. Su abogado, Enrique Molina, pide su puesta en libertad, aunque sea bajo fianza como ha ocurrido en la mayoría de los casos relacionados con la delincuencia económica.

Granados está en la cárcel madrileña de Estremera acusado de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, malversación, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. Su abogado niega todos los cargos.